"El centro de Yrichen era legal en 1995, lo era en 2002 y lo es hoy día". Testificando en calidad de perito, el exredactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Telde, Jesús Álvarez, trató de ofrecer ayer algo de luz al enmarañado caso Yrichen, por el que se encuentran seis personas imputadas -entre ellas, el exalcalde Francisco Santiago y los exconcejales Marcelino Galindo, Ildefonso Jiménez y Julián González- y por el que se trata de dilucidar si estos, junto a los arquitectos Elisenda Monzón y Antonio Betancor, cometieron algún delito a la hora de facilitar la construcción de la sede de esta afamada ONG, premio Reina Sofía en 1997, en el barrio de La Pardilla.

El juicio quedó este viernes visto para sentencia tras dos intensas sesiones en las que han testificado en el Juzgado de Penal 6 de la capital grancanaria 28 personas entre acusados, testigos y peritos. Lo que la magistrada quiere aclarar es si el proceso que inició el consistorio de Telde en 1995, cuando la comisión de gobierno que impulsó los trabajos, se ajustó a derecho.

Fiscal y acusación particular entienden que no fue así dada las condiciones del suelo (una parcela municipal sobre la que pesaba la calificación de suelo rústico agrícola sin protección), su reconversión en espacio reservado para un parque y la ausencia de certificados e informes que, a juicio del Álvarez, no eran necesarios al tratarse de un "erial" que tenía la consideración de sistema general, tesis que difiere con la ofrecida por Raimundo Macías, el arquitecto de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno canario que se hizo eco en un informe de la denuncia cursada por unos vecinos ante el Seprona.

Álvarez recalcó que la consideración de sistema general de los terrenos les exoneraba de contar con varios escritos, como la declaración de impacto ambiental. Eso sí, el técnico también afirmó que "suponía" que el proyecto de construcción debía contar con informes técnicos y jurídicos. Parte del expediente ha desaparecido y estos no constan, por lo que unos y otros se han enzarzados estos días en una lucha dialéctica para aclarar si los papeles se extraviaron o simplemente nunca existieron.

Por lo demás, recordó el relato de los hechos producidos desde 1995, con una primera fase que se acaba, una nueva ley que entra en vigor, el desarrollo de la segunda planta, un error en el PGOU de 2002 que hace que sobre el edificio se 'pinte' un hueco para un parque y los retrasos que, por distintos motivos, hicieron que el complejo no se legalizase hasta 2011, cuando la Cotmac aprobó definitivamente la subsanación del error, siempre según la versión de varios declarantes en el juicio. El análisis hecho ayer por María Jesús Santana, exjefa de Planeamiento, fue contrario a Álvarez y similar al ofrecido por el jefe de servicio de Urbanismo, José Luis Mena. Ambos comparten la teoría de que el equipamiento es ilegal. El abogado de la acusación particular, José Mateo, se alineó con esta visión. En sus conclusiones finales, recalcó que en la construcción se habían "vulnerado las más elementales normas jurídicas. Ellos [en relación a los políticos] se han escudado tras el secretario, al que ni siquiera han citado como testigo. Pero en el procedimiento ha faltado una declaración de utilidad pública e interés social, una de impacto ambiental y la autorización del director general de Urbanismo", sostuvo.