Si el Aeropuerto, donde la demanda de pasajeros está más que cubierta con los taxis de Telde e Ingenio, es área sensible, también lo pueden ser los centros sanitarios y hoteleros de la Isla. Este es el nuevo argumento que la alcaldesa del primero de los municipios, María del Carmen Castellano, ha sumado a su catálogo de reivindicaciones en el tenso conflicto abierto en el sector del taxi después de que el Cabildo haya liberalizado el mercado facilitando la carga de pasajeros en Gando a todos los conductores que formalicen un contrato previo con sus clientes.

Acompañada por el concejal de Tráfico, Francisco Medina; el alcalde de Ingenio, Juan José Gil; y el edil del área, Domingo González, la regidora se plantó este jueves en el despacho de la directora regional de Transportes, Rosa Dávila, para efectuarle una consulta y una reclamación. La primera obedeció al hecho de que fue el Ejecutivo autonómico el que redactó la nueva Ley del Transporte en Canarias, la misma que ahora trata de aplicar la corporación insular de una forma que ha soliviantado a los taxistas de Telde e Ingenio. La segunda, la reivindicación, la basó en un principio de igualdad que solicita para todos los profesionales, y eso sin renunciar aún a que el Cabildo recule y no apruebe en su próximo pleno del 26 de abril el cambio en el reglamento que facilitará el uso de tránsfer por taxistas de Las Palmas capital y otras localidades en el recinto aeroportuario. "Lo de los permisos no sabemos por dónde ha salido, porque ni en el propio reglamento está", insistía ayer Castellano tras charlar con Dávila.

Fue precisamente la directora regional la que insistió en que la declaración o no de área sensible es una potestad que ha quedado en manos de las corporaciones insulares. "Ellos quisieron quedarse con las competencias en esta materia", enfatizó. Dávila sostiene la teoría de que es "posible" llegar a un acuerdo entre todas las partes, aunque a priori esta opción se antoja remota dada la postura inalterable del Cabildo y el anuncio de movilizaciones hecho ya por los más de 320 taxistas de Telde e Ingenio. Estos han solicitado la dimisión de la consejera insular del área, María del Carmen Rosario Godoy, del mismo partido político que Castellano y Gil, el PP.

El alcalde de Ingenio, por su parte, justificó el encuentro con Dávila por el deseo de pedir "el auxilio administrativo del Gobierno de Canarias", que fue la administración que diseñó la ley. La comisión intermunicipal que conforman ambos consistorios y los conductores de estas localidades mantiene su pretensión de presentar un contencioso en los tribunales si no se vuelve a restringir la carga de pasajeros en el Aeropuerto. "Hay cuestiones que pueden estar siendo mal interpretadas por el Cabildo", abundó el regidor.

Una postura que también defiende González. El concejal de Transportes insta al Ejecutivo autonómico a que haga una "tutela administrativa" del desarrollo de la ley aprobada en el Parlamento.