El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Gobierno de Canarias en el litigio que mantiene desde 2004 con el Cabildo de Gran Canaria por los criterios de reparto de los recursos derivados del bloque de financiación canario entre los diferentes ayuntamientos que conforman la isla.
El pleito entre ambas instituciones se planteó cuando el Gobierno de Canarias no aceptó que el Cabildo de Gran Canaria distribuyera esos recursos entre los ayuntamientos conforme a un acuerdo al que había llegado en 2003 con los alcaldes de los diferentes municipios.
El Gobierno canario alegó que ese acuerdo no era válido, puesto que la competencia en asuntos financieros reside en el pleno de la Corporación, no en el alcalde, por lo que repartió los recursos en Gran Canaria aplicando el criterio que guía la distribución entre islas (una parte igual para todos y otras dos partes vinculadas al número de habitantes y a la superficie de cada entidad local).
El Cabildo obtuvo una sentencia favorable a su posición en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que entendió que este reparto de recursos del bloque financiero quedaba fuera de las competencias reservadas al pleno y podía ser asumido por el alcalde.
Sin embargo, el Supremo discrepa de esa interpretación de la ley y avala la postura mantenida por el Gobierno de Canarias, que deja sin validez ese pacto entre alcaldes para el reparto de recursos.
El Alto Tribunal recuerda que corresponde al pleno del consistorio "establecer los recursos tributarios propios" y considera que esa potestad "debe extenderse a la fijación de la cuantía en que haya de participar el ayuntamiento en los tributos ajenos cuando, obviamente, dispone de facultades decisorias al respecto, tal como ocurre en este caso".
En consecuencia, anula la sentencia del TSJC y valida el reparto que fijó para Gran Canaria la administración autonómica, informa EFE.
