El culebrón del caso de las radios intervenidas en Telde no acaba. Tras el conflicto surgido en julio de 2010, cuando una operación llevada a cabo por la Patrulla Fiscal Territorial (Pafite) de la Guardia Civil y la jueza María de los Ángeles Zabala supuso la detención de nueve trabajadores de tres emisoras de la localidad por un presunto delito contra la propiedad intelectual y el cese temporal de las emisiones, ahora es el exalcalde Francisco Santiago (NC) y su exconcejala de Cultura Almudena Vaquero (PSOE) los que se ven salpicados en esta polémica causa tras haber sido imputados.
Los dos tendrán que comparecer ante el antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la ciudad (hoy Instrucción 1) al ser los máximos responsables políticos de Canal Telde Radio, la emisora municipal que hace ya casi un año que dejó de emitir. Vaquero, a la sazón consejera delegada de Gestel, la sociedad municipal que llevaba las riendas de la radio, acudió el viernes en calidad de testigo, pero la magistrada que le interrogó consideró que tenía y tiene algún tipo de responsabilidad en la presunta existencia de material en la sede de la radio que fue difundido sin haber satisfecho previamente el pago de supuestos derechos de autor a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), por lo que la autoridad acordó su imputación, al igual que la del exalcalde. Los dos han sido citados para el 7 de junio.
Implicados
En la causa también están implicados otros dos medios de comunicación locales: PCL Radio y Radio Cibelio. La intervención de los equipos de todos ellos provocó la supresión temporal de las emisiones y un agrio conflicto del que no se salvó ni siquiera la jueza Zabala, a la que se le acusó de violar el derecho a la libertad de expresión e información, si bien la magistrada misma se encargó, días después de que ocurriesen los actos, de aclarar a través de un comunicado que ella no había ordenado precintar ningún medio, sino acceder a los tres indicados en busca de material audiovisual fraudulento.
Sea como fuere, el gobierno presidido por Santiago le interpuso una querella por prevaricación que, tras ser en un primer momento admitida a trámite, fue finalmente archivada en el TSJC. Ahora, por los juzgados han venido declarando en estas semanas los nueve arrestados por la Policía Judicial de la Guardia Civil aquella jornada del 12 de julio de 2010. En principio se les acusaba de un supuesto delito contra la propiedad intelectual al carecer de licencia para usar aparatos de transmisión y de un contrato con Agedi, a quien debían pagar royalties, pero ahora figuran como testigos en la causa. En el caso de Canal Telde Radio, la Benemérita se incautó de 1.800 CD.
