La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Natalia Suárez, acordó ayer la suspensión temporal de la vista oral que tenía previsto celebrarse este vienes durante casi cinco horas contra el concejal de Ciuca, Guillermo Reyes; el jefe de servicio de Urbanismo, José Luis Mena; y la funcionaria de aquel departamento, María Jesús Santana, a quienes el funcionario Raúl Santana acusa de un delito contra la integridad moral (acoso laboral) cometido durante el mandato 2003-2007 en el Ayuntamiento de Telde.

La magistrada acordó esta medida después de una batería de pruebas y peticiones realizada, en el trámite de cuestiones previas, por los abogados de Reyes y Mena, concejal de Urbanismo en la época en la que ocurrieron los hechos y responsable técnico en aquella área respectivamente. Entre otras cuestiones, el abogado de Mena, José Gerardo Ruiz Pasquau, reclamó tanto la prescripción del delito por el tiempo transcurrido como la nulidad de las actuaciones al considerar que se habían producido defectos de forma. Así, citó el hecho de que en la causa no constase el auto por el que se admitió a trámite la denuncia de Santana y el que en otro escrito, el de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, no se concretasen los delitos que se les imputaban al político y a los dos funcionarios.

Venganza

Mientras José Mateo, abogado de Guillermo Reyes, se centró en recalcar que Raúl Santana formaba parte del Consejo Político de Nueva Canarias (NC) en Telde en 2004, que todo se debía a una "venganza" y que este solo estuvo trabajando 26 días durante los meses de septiembre de 2003 y julio del año siguiente, cuando se produjo el supuesto mobbing; el letrado de la parte demandante, José María Guerra, reprochó a los imputados que no presentasen estas 'quejas' en los últimos ocho años, una vez que el funcionario se animó a denunciar los hechos en el juzgado, y abundó en la teoría de que los delitos no han prescrito y que los escritos de acusaciones sí que dejan bien claro qué se le achaca a cada acusado. El denunciante ya cuenta con una sentencia judicial ganada en un primer procedimiento abierto por esta causa, de carácter contencioso y por el que el Ayuntamiento de Telde quedó obligado a abonarle 12.000 euros.