Máxima expectación por el rumbo que seguirá la denuncia de amaños en dos concurso de ingeniería de los vertederos de Salto del Negro y Juan Grande. El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria deberá decidir hoy si lleva de nuevo a la Mesa de Contratación prevista para el miércoles la adjudicación de dos proyectos de dirección de obras después de que decidiera paralizar el proceso de forma inesperada tras seis meses de tramitación por la vía de urgencia. El PSOE califica esa decisión de "escandalosa".

La empresa MI3 Ingenieros Consultores se ratificó ayer en el contenido de la carta en la que destapa un presunto intento de trato de favor por "amistad íntima" para bloquear los expedientes, al entender que se iban a vulnerar sus intereses. No obstante, confía en que se retome el proceso y que su adjudicación vuelva a estudiarse esta semana. La firma parte con ventaja técnica sobre el resto de candidatos por la puntuación que ha conseguido.

La Consejería de Medio Ambiente lleva seis meses de tramitación de una contratación ligada a los dos vertederos insulares, pese a que la iniciativa se puso en marcha por la vía de urgencia. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, Carlos Sánchez, decidió retirar dos de los tres expedientes con los que se pretendían llevar a cabo adjudicaciones casos por un valor de 808.000 euros. Ese día, la titular de Medio Ambiente, María del Mar Arévalo, se encontraba ausente. La inesperada decisión sorprendió al consejero socialista en la oposición Augusto Hidalgo que pidió que se justificara la medida.

La empresa MI3, que cuenta con ventaja para hacerse con los trabajos porque los informes técnicos la colocan en primera posición para su adjudicación, se sintió dañada por la actuación de Carlos Sánchez. Los representantes de la compañía enviaron una carta a los miembros de la Mesa de Contratación en la que acusaba al vicepresidente y consejero de profesar "amistad íntima con los socios administradores" de las firmas competidoras. La empresa argumenta supuestas falsedades de Carlos Sánchez en la Mesa cuando tomó esa decisión.

Un portavoz de la empresa denunciante evitó ayer pronunciarse sobre la situación creada por Sánchez, ya que confiaba en que los expedientes volvieran esta misma semana a la Mesa de Contratación del Cabildo.

En cualquier caso, se ratificó en el escrito enviado a María del Mar Arévalo, a los miembros de la Mesa, al letrado del Cabildo y al presidente, José Miguel Bravo de Laguna, y declaró que lo único que intentan con esa carta es advertir de las posibles irregularidades y los "falsos" argumentos esgrimidos por Carlos Sánchez para bloquear la adjudicación. A su juicio, la decisión solo se podía haber tomado "por falta de instrucción, incompetencia y total desconocimiento" o bien por "haber mentido de forma deliberada, al no recaer la propuesta de adjudicación" a la unión temporal "a la cual pertenecen los socios administradores de las empresas con quienes profesa amistad íntima" el consejero.

Incendio en la filas del PP

El conflicto de intereses se enreda aún más si se tiene presente que el firmante de la carta de acusaciones es Carlos Manuel Medina, hijo del exdiputado y exdirigente del Partido Popular en la etapa en la que lo dirigía José Miguel Bravo de Laguna, Antonio Luis Medina.

El consejero socialista Augusto Hidalgo insistió ayer en que esta situación es "escandalosa" e "insólita". Hidalgo desconoce si se incluirán ambos expedientes en la Mesa de Contratación que se celebra esta semana, pero cree que existen motivos para que intervenga la Fiscalía, por entender que pudiera existir un delito de prevaricación por parte de Carlos Sánchez.

El PSOE se cuestiona por qué se quedaron esos dos expedientes sobre la mesa, y se tramitó un tercero en el que se podría beneficiar a las otras empresas.

En la carta, Carlos Medina recalca que "en el supuesto de que el consejero de obras Públicas haya mentido deliberadamente a la Mesa de Contratación incurriendo, presuntamente, en un delito de prevaricación administrativa, tal circunstancia será trasladada a la Fiscalía Anticorrupción", abriendo la puerta a una posible querella criminal contra cada uno de "los responsables políticos" que hayan participado "por acción u omisión" en "dicha presunta tropelía".