La basura es un buen negocio. En la serie televisiva ´Los Soprano´, los guionistas encontraron un filón en la industria del reciclaje y grabaron ochenta capítulos sobre las disputas empresariales de esa peculiar ´familia´. En Gran Canaria, el tratamiento de los residuos también se ha convertido en un campo de batalla por las altas expectativas de beneficio, lo que explica que las adjudicaciones de Salto del Negro y Juan Grande hayan estado en permanente sospecha desde el mismo momento en que se convocaron los concursos. Ahora,esa pugna le ha explotado entre las manos al gobierno del PP en el Cabildo.
La remodelación de los dos vertederos de Gran Canaria obliga a empezar casi desde cero, pero todavía ni siquiera se ha superado la fase de los recursos judiciales contra las adjudicaciones. A la espera del fallo de los tribunales sobre la concesión de ambos complejos medioambientales a la UTE formada por Cespa y Ayagaures, del que depende una inversión superior a los 80 millones de euros, la denuncia de la empresa MI3 Ingenieros Consultores SCP en los concursos menores para la dirección de obras ha generado nuevas sospechas sobre la limpieza de los concursos y ha salpicado al vicepresidente segundo y consejero de Obras Públicas del Cabildo, Carlos Sánchez, al que se acusa de intentar favorecer a empresas de "íntimos amigos".
El pasado miércoles se vivió una situación rocambolesca en la Mesa de Contratación del Cabildo, pues esos dos concursos fueron adjudicados precisamente a la entidad que advirtió de la supuesta prevaricación administrativa por parte de Carlos Sánchez. Ese capítulo parece cerrado porque MI3 ya ha logrado su objetivo, pero no la batalla entre las empresas por todos y cada uno de los proyectos que salen a concurso. La Consejería de Obras Públicas del Cabildo es la que está ahora en el punto de mira de la oposición socialista y, sobre todo, de la veintena de consultoras y despachos de ingenieros que dependen en buena parte de esas adjudicaciones.
Las acusaciones de amiguismo son solo un episodio más de la accidenta renovación de Salto del Negro, plagada de retrasos, quejas de los vecinos, denuncias a la Fiscalía, conflictos entre instituciones, recursos judiciales y, ahora, pleitos entre empresas. Tampoco han faltado personajes secundarios para enredar más la trama, como la becaria del Cabildo que supuestamente trabajaba en los dos lados de la ventanilla, un denunciante que resultó ser un impostor o unos jueces que dictan sentencias contrarias sobre hechos idénticos.
Tratamiento
Gran Canaria lleva años de retraso en el tratamiento de los residuos porque nadie se preocupó realmente de ello hasta hace tres años, cuando el Cabildo gobernado por el pacto PSOE-NC convocó el concurso público para la gestión de los dos vertederos, que obliga a las empresas ganadoras a acondicionar las instalaciones a cambio de una concesión administrativa por casi veinte años. El anterior consejero de Medio Ambiente, Juan Salvador León, dejó el trabajo a medio hacer porque llegaron las elecciones y cambió el gobierno insular.
En esas fechas ya había advertencias de la Fiscalía de Medio del TSJC por el colapso de ambos vertederos y un requerimiento de la Unión Europea para saber qué sucedió con el dinero de la planta de biometanización de Salto del Negro. Esa infraestructura está terminada desde el año 2007, pero nunca ha funcionado porque nadie se dio cuenta de que la maquinaria de la primera y segunda fase son incompatibles. La obra estaba presupuestada en 52 millones y la Fiscalía le sigue la pista a los 30 millones que se han gastado.
La actual responsable de Medio Ambiente del Cabildo, María de Mar Arévalo, decidió mantener el concurso para no acumular más demoras, pero ya advirtió al asumir el cargo que el pliego de condiciones tenía muchas lagunas. En efecto, la empresa Urbaser presentó un primer recurso contra la propia convocatoria del concurso de Juan Grande porque tiene la concesión hasta mayo de 2014, por lo que la nueva adjudicataria no podría entrar a trabajar hasta esa fecha.
Al recurso de Urbaser-Dragados se sumaron luego los de FCC y Valoriza-Sacyr, que alegaron "numerosos errores técnicos y lagunas jurídicas". El Cabildo los desestimó todos y procedió a adjudicar los dos complejos ambientales. A ambos concursos se presentaron tres uniones temporales de empresas (UTE), encabezadas por un potente grupo nacional en el sector de los residuos junto a varias empresas canarias. Los dos contratos fueron adjudicados a Cespa-Ayagaures. El de Salto del Negro por un precio de 14,4 millones de euros, con una inversión estimada de 48,8 millones y una duración de la concesión de 17,5 años. El complejo de Juan Grande se otorgó por 13,7 millones, con 48,7 de inversión y 19,5 años de concesión.
Las dos empresas perdedoras rechazaron la adjudicación por supuestas irregularidades en la tramitación del expediente y anunciaron que irían a los tribunales. Finalmente solo lo hizo la UTE formada por FCC, Ralons, Bitumex y Urbaser. El otro grupo, compuesto por Hermanos Santana Cazorla y Valoriza, optó por la retirada tras asegurar que en esos concursos estaban sucediendo "cosas muy extrañas".
Después de que se desestimara su recurso potestativo, FCC acudió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con un recurso especial en materia de contratación, que suspendió de forma automática la adjudicación a Cespa- Ayagaures. Lo acompañó de un dictamen de un catedrático de Derecho de la Universidad de Laguna que detectaba "hasta tres motivos para declarar la nulidad del concurso y la posterior adjudicación".
Entre ellas, la participación de una becaria que trabajó en el área de residuos del Cabildo mientras se elaborara el pliego de condiciones y luego fue contratada por la UTE que ganó el concurso. El Gobierno insular negó las irregularidades y pidió en los tribunales el levantamiento de la suspensión para poder firmar los contratos con Cespa-Ayagaures e iniciar las urgentes inversiones.
Un impostor
En paralelo a las denuncias de FCC, un particular, Juan Romero Peña, presentó un informe a los 21 ayuntamientos sobre las consecuencias de la subida del canon de la basura en las arcas municipales y dirigió numerosos escritos y recursos al Cabildo en los que alertaba de presuntos delitos en los vertederos. Cuando los Servicios Jurídicos intentaron localizar al denunciante para responder a sus alegaciones descubrieron que el tal Juan Romero Peña no existía, era un impostor. El carnet de identidad que utilizó en sus escritos era, casualmente o no, el del marido de una conocida dirigente de CC, y la dirección en el barrio de Los Picachos de Telde correspondía a un solar vacío.
La primera buena noticia para el Cabildo llegó hace dos meses, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC hizo pública la sentencia que levanta definitivamente la suspensión sobre el Salto del Negro -en espera de que los tribunales ordinarios se pronuncien sobre el fondo de cuestión en las denuncias de la empresa FCC-, lo que permite empezar las obras en el vertedero capitalino.
Sin embargo, la misma Sala del TSJC, con otro juez ponente, notificó la semana pasada la sentencia referida a Juan Grande, que mantiene la suspensión. Puesto que existe una clara contradicción entre dos fallos judiciales sobre hechos idénticos, el Cabildo va a solicitar un incidente de nulidad al TSJC para empezar las obras en el complejo del sur de la isla.
Lo que no estaba en el guión del conflicto de los vertederos es la incendiaria carta de la empresa MI3 a los miembros de la Mesa de Contratación del Cabildo en la que acusa al vicepresidente segundo y consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, de profesar "amistad íntima" con los socios de otras dos empresas que concurrieron a los concursos de la dirección de obra.
La empresa acusó a Sánchez de una supuesta prevaricación al paralizar el pasado 10 de abril, y en sucesivas reuniones de la Mesa de Contratación, la adjudicación de los dos concursos que finalmente obtuvieron el pasado miércoles. La empresa MI3, cuyos socios son los hijos del exdiputado nacional del PP Antonio Luis Medina, considera que Sánchez intenta desde hace seis meses quitarle esos contratos para dárselos a las empresas de sus "amigos".
Para ello, señalan fuentes de MI3, el número tres del Cabildo ha buscado "numerosas excusas, pero todas se han topado con los informes de los técnicos de Medio Ambiente y de los Servicios Jurídicos". Así, Sánchez argumenta que MI3 no debe ser "juez y parte" por haber participado en el informe de adjudicación a Cepsa-Ayugaures, en la redacción del constructivo y ahora en la dirección de obra. Según MI3, esas dudas quedaron resueltas en un informe de 65 páginas del jefe de los Servicios Jurídicos, Carlos Trujillo.
Sánchez, en la reunión de la Mesa de Contratación a la que acudió como sustituto de María del Mar Arévalo, pidió frenar la adjudicación a MI3 porque el gobierno insular se planteaba realizar esos trabajos con personal propio del Cabildo. Los técnicos de Medio Ambiente también ha rechazado esa posibilidad.
Por último, el consejero de Obras Públicas alegó que se había optado por paralizar la adjudicación ante las noticias de que dicho concurso iba a ser recurrido por la empresa que había quedado en segundo lugar y se sentía perjudicada por la oferta temeraria de MI3. Sin embargo, existen cartas de los supuestos "amigos íntimos", los socios de Ingenia, en la que anuncian que no van a recurrir "en aras del interés general" y para evitar más dilaciones en los contratos.
