AENA firmará en un plazo no superior a un mes el convenio que garantizará el realojo de los más de 4.000 vecinos de Ojos de Garza afectados por las obras de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Así al menos lo transmitió este lunes a los afectados la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien aseguró a la portavoz vecinal, Margarita Alonso, que la Abogacía General del Estado ya ha dejado de poner pegas a la firma de un documento crucial en la resolución de un conflicto que atesora más de 12 años de recorrido.

Bento y Alonso se vieron las caras durante la celebración de una nueva reunión -la número 25- de una comisión interinstitucional formada por más de una decena de políticos y técnicos y que lleva casi una década intentando resolver la encrucijada en la que se han visto envuelto, sin quererlo, los habitantes de aquel barrio.

Tras el encuentro de ayer, Alonso salió con mejor semblante que en anteriores ocasiones y recalcó que el convenio recogerá un acuerdo "que está en la línea de lo ya negociado hasta ahora. Como mínimo", subrayó, "garantiza la reposición del bien afectado".

La dirigente descartó tomar cualquier tipo de medida de presión hasta tanto convoque a sus vecinos para transmitirles el resultado de este enésimo intercambio de información. Eso sí, el camino no está aún del todo allanado porque el Gobierno de Canarias -que está tutelando y participando en las negociaciones a través de su consejero de Política Territorial, Domingo Berriel- se encuentra ahora a la espera de que se le acepten una serie de pequeñas "modificaciones técnicas y jurídicas" en el cuerpo del convenio que darán mayor cobertura al acuerdo.

A grandes rasgos, el texto sigue recogiendo una inversión global próxima a los 209 millones de euros y un plazo de ejecución de obras de urbanización de unos siete años. Madrid pondría el dinero para hacer las casas y comprar los terrenos del ´nuevo Ojos de Garza´-a cuyos propietarios debe localizar el Ayuntamiento de Telde- y los afectados por la expropiaciones se comprometerían por escrito a abandonar sus actuales casas y autorizar su derribo al Estado.

Ahora bien, las distintas administraciones han solicitado a los residentes que actualicen el censo del número de vecinos que finalmente piden el realojo -hay otros que no quieren casas, sino dinero- para hilar más fino con los números. Tendrán seis meses de plazo para ello.