El barranco de Güigüi, recuperado por el Ayuntamiento de La Aldea después de un largo litigio con el empresario Jaime Cortezo, se convertirá en "la joya" de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Así lo anunció ayer la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, María de Mar Arévalo, quien adelantó que en el plazo de dos o tres semanas presentará un proyecto de uso y conservación de ese espacio natural protegido.

"Ese plan está casi acabado y se convertirá en una de las principales actuaciones medioambientales del Cabildo en los cuatro años de este mandato", señaló Arévalo tras presidir en La Aldea la tercera reunión del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera. La consejera eludió valorar la sentencia del Tribunal Supremo que desestima de forma definitiva la pretensión de la empresa Cortezo Inversiones de escriturar a su nombre 12,5 millones de metros cuadrados en el barranco de Güigüi, pero recordó que a afectos medioambientales no tiene ninguna repercusión. "Como ese suelo está protegido da igual que sea público o privado, allí no cabe ninguna actuación urbanística", apuntó Arévalo, quien comentó que en la reunión de ayer pudo comprobar "la satisfacción" del Ayuntamiento de La Aldea por la sentencia del Tribunal Supremo. Al respecto, aseguró que la protección de Güigüi "también es una prioridad para el Cabildo".

En este sentido, el alcalde de La Aldea, José Miguel Rodríguez, manifestó su disposición a fomentar la repoblación de este espacio natural protegido, sobre todo en algunos reductos de laurisilva que siguen existiendo en estos terrenos. Aunque señaló que la consejera le había manifestado en la reunión de ayer de la Reserva de la Biosfera en su municipio que no había dinero dentro del programa Life este año, pero esperaba que se incluyera en las próximas anualidades. El alcalde volvió a incidir en que la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin a cualquier interés privado es una excelente noticia para el municipio, después de casi cinco décadas de disputas.

Mientras, el exalcalde de La Aldea Celestino Suárez defendió ayer que cuando La Caja intentó en el año 1974 registrar los 12,5 millones de metros cuadrados de Güigüi recibió innumerables presiones de la entidad de ahorros y luego de altos cargos del momento para que se olvidara de esta propiedad. Y que, pese a todo, li-deró la defensa de su titularidad municipal.

"¿Cómo es posible que me dijeran que querían hacer públicas estas fincas, cuando ya era públicas, pero del Ayuntamiento?", afirmó con rotundidad, sacando a relucir nombres como los de Tomás Van de Walle y María Eugenia Márquez que, según recuerda, pretendían que no intentara justificar que esos terrenos estaban escriturados por el municipio desde el año 1867, como constaba en el Registro, para que así pudieran pasar a manos de los empresarios, desde Protucasa hasta Pelerine, antes de que Jaime Cortezo comprara en 2003 esos supuestos derechos, sin conocerse aún el primer fallo judicial. Además, recordó al suizo que compró a La Caja las fincas, en alusión a Helmut Rahms.