Las fuerzas políticas, económicas y sociales que se pronunciarán mañana viernes contra la nueva ley turística de Canarias centrarán su propuesta en la autorización de los hoteles de cuatro estrellas y, en el caso de que el Gobierno autonómico no dé marcha atrás, presentarán una iniciativa legislativa a través del Cabildo de Gran Canaria. Así lo anunciaron ayer el presidente de la corporación, José Miguel Bravo de Laguna, y los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC), que confiaron en que la presión ciudadana convenza al Ejecutivo de Paulino Rivero de las "graves consecuencias" de esa norma para la isla de Gran Canaria.
Ante la diversidad de opiniones de los diez participantes en el acto de mañana viernes, a las 17.00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el acuerdo previo es centrar la propuesta en los hoteles de cuatro estrellas. A partir de ese consenso, cada persona o institución podrá introducir en el debate otros elementos de ley turística o de la propia convocatoria realizada por el presidente Bravo de Laguna.
Como documento base se utilizará la moción aprobada en el último pleno del Cabildo, que obtuvo el respaldo mayoritario del PP, NC, CC y los dos consejeros no adscritos. Los socialistas se abstuvieron. La organización del acto se concretó el martes en una reunión de la Junta de Portavoces del Cabildo, en la que se acordó que Bravo de Laguna sea el encargado de abrir el debate. Lo cerrará el rector de Universidad, José Regidor. Las intervenciones tendrán un límite de tiempo de entre cinco y diez minutos, pues el objetivo es que el acto no se prolongue más allá de la hora y media, según adelantaron fuentes del Cabildo.
Iniciativa legislativa
Bravo de Laguna declaró ayer que no descarta que sea el propio Cabildo el que presente una iniciativa legislativa en el Parlamento de Canarias de para cambiar la Ley de Renovación y Modernización Turística, aprobada hace dos semanas con el rechazo de 11 de los 15 diputados de Gran Canaria y la oposición de las organizaciones empresariales y sociales de la Isla.
El presidente se mostró confiado en que sea el Gobierno de Paulino Rivero el que promueva la modificación de ley turística ante la oposición de "todos los sectores sociales, sindicales, empresariales y políticos de la isla, aunque con sus lógicos matices". En un encuentro con periodistas, Bravo de Laguna acusó al pacto de CC-PSOE de hacer oídos sordos a las reclamaciones de Gran Canaria. "Los que dicen que no se puede cambiar la ley turística son los mismos que piden cambiar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y se quejan de un maltrato de España; pues bien, ahora puedo decir que Gran Canaria es maltratada por la comunidad, en la misma línea y legitimidad", apuntó.
Según Bravo de Laguna, el Gobierno regional y sus responsables del área turística, como el propio presidente Rivero y el viceconsejero Ricardo Fernández de la Puente, actúan en función de los intereses de la patronal hotelera tinerfeña -Ashotel- y otros "están empeñados en que Gran Canaria no crezca mucho para mantener una supremacía turística en mercados emergentes como Rusia, Francia o Polonia". Esos países emisores, comentó, enviarán a miles de turistas al Archipiélago en los próximos años, que "irán allí donde haya camas y oferta".
La portavoz del PP en el Parlamento regional, María Australia Navarro, que intervendrá mañana en nombre de su grupo, adelantó su respaldo a una hipotética iniciativa legislativa del Cabildo, una opción que permite el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara siempre que no suponga una modificación de la Ley de Presupuestos de ese año.
También el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, se sumó ayer al llamamiento de Bravo de Laguna y consideró que la nueva ley turística está creando "crispación y tensión" en la sociedad grancanaria. A su juicio, pretende limitar el crecimiento de la oferta hotelera en una isla "en beneficio de otra".
Carmelo Ramírez, portavoz de NC en el Cabildo, se mostró de acuerdo en que sea la propia corporación insular la que asuma la iniciativa en el Parlamento de Canarias, aunque también espera que sea el Gobierno de CC-PSOE el que promueva el cambio de la ley. Respecto al desarrollo del acto de mañana, Ramírez anunció que NC "se desmarcará de cualquier planteamiento insularista" por parte de los demás intervinientes, pues "lo que necesita el Archipiélago es unidad, equilibrio y defensa del interés general". En la misma se pronunciaron los representantes de UGT y CC OO.
