El expediente del Cabildo de Gran Canaria para la declaración del Oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural (BIC) sale hoy a información pública, con un plazo de un mes, hasta el próximo 10 de octubre, para presentar alegaciones. Empresas de esa zona turística y la patronal hotelera FEHT ya han anunciado su rechazo al BIC, tanto por la vía administrativa como por la judicial, porque entienden que paraliza las inversiones previstas y puede dar lugar a indemnizaciones millonarias. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también ha planteado una modificación a la propuesta del Cabildo.
El expediente que se pone a disposición de los afectados y de los ciudadanos en general ha sido elaborado por la Consejería de Cultura y está avalada por cuatro informes: de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, de la Casa de Colón y del propio Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo.
Tras el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), cualquier persona física o jurídica podrá consultar los documentos en la Casa Palacio del Cabildo, en el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas. Para acceder al expediente no es necesario tener la condición de interesado en el procedimiento. Tras la polémica generada por la incoación del expediente del BIC, el Cabildo busca "la máxima transparencia" en el proceso, según han repetido en las últimas semanas el presidente José Miguel Bravo de Laguna y el director general de Cultura, Larry Álvarez.
La declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, retrasará durante al menos un año las actuaciones previstas en esa franja de costa, como la renovación del hotel de la cadena Riu, el derribo del Centro Comercial Oasis o los locales del grupo Satocan en el aparcamiento. "La presentación de alegaciones u observaciones no otorga la condición de interesados a sus promotores, pero sí les da derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todos aquéllos que planteen cuestiones sustancialmente iguales", señaló el Cabildo.
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Ministerio de Hacienda de no subvencionar con fondos del programa de incentivos regionales la construcción de un puerto deportivo y un centro comercial en Bahía Feliz, por ser una instalación de uso mayoritariamente privado, según informó Efe.
Los promotores de ese proyecto, Puerto Feliz Inversiones SLU, sostenían que Hacienda había interpretado erróneamente las normas que regulan las subvenciones a infraestructuras turísticas para la promoción de Canarias, porque tenían previsto dar uso público a 120 de los 435 amarres incluidos en su proyecto y ceder el resto a terceros mediante concesiones a 30 años. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS considera que la alegación de que 315 amarres serían "cedibles en concesión" no garantiza el uso público.
