De la noche a la mañana se quedan en la calle, con sus enseres dentro, sin el dinero y con agentes inmobiliarios enseñando la propiedad para su venta, mientras ellos sufren impotentes. Inma Lorenzo y Víctor Sosa han visto cómo el error de no registrar la compra de la casa y dejar este paso en manos del promotor, sumado a una retahíla de supuestas negligencias burocráticas, les dejó en la calle.

Un coche y una pancarta junto a la vivienda dan muestras estos días de la situación de impotencia en la que se encuentran. Es la forma que planearon para espantar a los posibles compradores que visitaban la casa situada en el barrio de Rosales de Firgas, mientras tratan de aclarar el entuerto ante el juez.

De momento, han encontrado el eco de última hora del juzgado, que han admitido a trámite la nulidad de la actuación cuando ya habían sido desahuciados. Y todo, porque desconocían que esta familia residía en el lugar, ya que su nombre no apareció en el litigio entre el promotor de las casas y la persona que le había demandado por impagos.

El origen del problema se remonta a 2005, cuando Víctor Sosa formalizó la escritura de compraventa ante notario de esta casa, que le costó por entonces 254.000 euros. Al tratarse de un pago al contado y sin hipoteca, dejaron que fuera el propio constructor el que les gestionara su registro.

La primera sorpresa se la llevan en 2012, cuando acuden al Registro y ven que no aparece sus nombres. E Inma Lorenzo y Víctor Sosa se encuentran meses después que la autoridad judicial entra en su casa y les cambia la cerradura con sus enseres dentro, sin recibir notificaciones antes. Mientras, posibles compradores empezaban a visitar su casa.

El abogado, Eduardo López, acaba de conseguir que se admita a trámite la nulidad de la actuación, aunque todavía les queda un largo camino por resolver, después de ocho años viviendo en este chalé. Por un lado, aclarar cómo es posible que en el pleito legal de una tercera persona por impago del constructor nunca se citó que en la casa vivía este matrimonio. Ante esta supuesta "mala fe", se plantea acciones penales, además de resolver la titularidad del inmueble. "Esto demuestra que el sistema legal es insuficiente para los compradores de viviendas. Casos como este obligan a reformas legislativas para proteger sus derechos", apunta el abogado. Y, sobre todo, cree que se ha producido una "injusticia".