Los importadores de vehículos rechazaron ayer la decisión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, de aumentar el impuesto insular a la gasolina y aplicar a partir del año 2014 un nuevo gravamen al gasóleo no profesional. "Plantear un incremento de la fiscalidad en un momento como el actual nos parece inapropiado, primero porque es un producto que ya está excesivamente gravado y también porque las Islas han ido perdiendo el diferencial fiscal con la Península de una manera alarmante", declaró el presidente de la patronal Fredica, Rafael Pombriego, ante la aprobación por parte del gobierno del PP en el Cabildo de una nueva ordenanza sobre los combustibles para aumentar la recaudación en ocho millones de euros.

Pombriego consideró que estos carburantes "son un producto de primera necesidad en este Archipiélago, tanto para las empresas como para los particulares", y alertó de que este incremento puede generar inflación. "Criticamos que las administraciones públicas, en este caso el Cabildo, sigan optando por el incremento fiscal en vez de por la contención del gasto público", apuntó el presidente de la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Vehículos. Al respecto, lamentó que tengan que ser los ciudadanos, vía impuestos, los que tengan que sufragar los costes del Cabildo.

Pombriego opinó que esta subida en el precio de los combustibles, alrededor de medio euro cada vez que se llene el depósito, no afectará de forma directa a la venta de coches en Gran Canaria, pero "sí obligará a los ciudadanos a reducir sus desplazamientos para gastar el mínimo posible de gasolina".

También mostró "la preocupación" del sector del automóvil por la evolución de los precios de los carburantes, pues aparte de que desaparece el diferencial fiscal con la Península "también da la impresión de que aquí no hay una competencia efectiva" entre las distintas empresas distribuidoras. La patronal Fredica, que se ha mostrado muy crítica con el proyecto del tren, propuso al Cabildo que presione a Madrid para que cambie el destino del dinero del ferrocarril y los utilice en el mantenimiento de las carreteras.