La Audiencia Provincial de Las Palmas acoge, a partir del lunes, el denominado caso del talio. En la causa, en la que se pretende dilucidar si el enfermero Iván Ramírez acabó con la vida de su esposa, Laura González Aróstegui, mediante una intoxicación de talio (metal pesado), han sido llamadas a declarar más de 120 personas.
Además del propio Ramírez, que lleva más de tres años y medio en prisión preventiva, 90 testigos -la mayoría de ellos compañeros de la pareja en los hospitales Insular y Doctor Negrín- y 30 médicos forenses tratarán de arrojar algo de luz sobre el fallecimiento de esta joven granadina que vivía con su pareja y el hijo de ambos en un dúplex que la familia poseía en el barrio teldense de La Pardilla.
Dada la magnitud de la prueba testifical, el órgano judicial capitalino ha previsto un total de 19 sesiones, la última de ellas para el 18 de febrero. Además, el caso del talio coincidirá durante la tercera semana del presente mes con la celebración de otro juicio que se aguarda con suma expectación en la ciudad de los faycanes: el del Grupo Europa, pieza separada del caso Faycán y donde hay siete imputados. Uno de ellos, el parlamentario regional del Partido Popular (PP) Jorge Rodríguez Pérez.
Volviendo al talio, la principal prueba de fuego a la que deberá enfrentarse el jurado popular será el determinar si Laura González falleció por una intoxicación de este metal o si por el contrario su óbito se produjo por la ingesta de un cóctel compuesto por barbitúricos y medicamentos pautados que, unidos a una patología que padecía la chica, glucogenosis, pudieron causarle la muerte.
Es en este punto donde colisionan de forma clara las tesis que manejan fiscal, acusación particular y defensa. De un lado, Beatriz Sánchez, representante del ministerio público, y el abogado de los padres de Laura, Acenk Galván, sostienen que Iván mató a su esposa de manera lenta y sigilosa utilizando sus conocimientos médicos y suministrándole, siempre supuestamente, este agente. Del otro, José Álvarez insiste en que Ramírez no tuvo nada que ver con el fallecimiento y que este fue producto de la toma de unos medicamentos que le habían sido recetados por distintos galenos.
Para defender sendas posturas, unos y otros blanden hasta casi 40 analíticas en las que se da a entender prácticamente de todo. Las primeras pruebas practicadas al cadáver de Laura González, autopsia incluida, certificaron la presencia de talio, pero no así las posteriores, que se centraron en vísceras conservadas de su cuerpo tras estudiar pelos y uñas de la finada.
De los 30 peritos llamadas a declarar al juicio, 24 vendrán de la mano de la defensa, desde donde también se ha recordado que no existe móvil alguno que justifique el supuesto crimen y que la propia González advirtió que iría contra todo aquel que asegurase que su marido la estaba envenenando.
La muerte de la enfermera se produjo el 11 de julio de 2010 tras una extraña agonía que la llevó a permanecer ingresada en centros hospitalarios de la capital.
El acceso que tenía Iván a la farmacia del Hospital Insular y el hecho de que su mujer empeorase supuestamente cada vez que se quedaba a solas con él no hicieron más que alimentar las sospechas de los investigadores.
La fiscal entiende que Ramírez mató a su pareja, por lo que pide 25 años de cárcel para él. Mientras, el hijo de Iván y Laura permanece bajo la tutela de los abuelos maternos, que viven en Granada.
La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas será la encargada de decidir el futuro del sanitario, por cuya puesta en libertad viene clamando su familia gaditana desde hace más de tres años. El del talio será el último juicio con jurado que se celebre en el vetusto Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. El lunes se celebrará la primera sesión con la conformación del jurado.
