Un constructor que trabajó para el empresario José Manuel Antón, principal acusado del "caso Europa", ha afirmado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el procesado le dijo que le pagaría sus deudas si testificaba contra su denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng.

El testigo José Manuel Sánchez Navarro ha señalado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC que debía declarar que el exgerente de Antón, Benítez Cambreleng, se llevaba comisiones de lo que le facturaba y ha añadido que denunció ante la Policía Nacional las coacciones de las que fue objeto por parte del acusado, quien le debía más de 200.000 euros y le "hundió laboral y personalmente".

Sánchez Navarro ha negado ser "testaferro" de Benítez Cambreleng y ha explicado que su constructora estaba domiciliada en la calle Espronceda de Las Palmas de Gran Canaria, donde reside el denunciante y también imputado en la causa, porque no tenía vivienda en propiedad, y porque su empresa, Canary Quality Business, asesoraba a su constructora.

Este testigo ha afirmado ser el administrador único de la constructora Jaira, que, según la defensa de Antón, era una empresa utilizada por Benítez Cambreleng para "sacar" dinero.

Facturas

Sánchez Navarro ha negado además haber colaborado para facilitar la detención de Antón, que se llevó a cabo el 16 de mayo de 2007 en Madrid, así como haber "inflado" las facturas que presentó su empresa por los trabajos que efectuó para el acusado.

En esta sesión del juicio también ha declarado como testigo la jefa de administración de las empresas de Antón que operaban en Canarias, que ha afirmado que el denunciante del caso se apropió de "muchísimo dinero" del empresario y que "su mejor defensa fue el ataque".

Esta testigo, que un principio también figuró como imputada en la causa, ha dicho que "no le cabe la menor duda de que (Benítez Cambreleng) denunció porque sabía que le estaban investigando".

Según ha indicado, cuando se personó la Policía en las oficinas de la empresa "pensó que iban a por Cambreleng", de quien había recabado pruebas de que se había llevado hasta dos millones de euros.

La testigo ha manifestado que las empresas de Antón estaban auditadas y no existía una "contabilidad B", si bien ha explicado que le llamó la atención que las irregularidades -que afirma que cometía Benítez Combreleng- no se hubieran detectado antes de que ella fuera la jefa de administración porque "saltaban a la vista".

De hecho, ha manifestado que Benítez Cambreleng "le metió" en la causa porque ella se dio cuenta de su proceder y sabía que estaba preparando un dossier contra él.

Viviendas sociales

Esta testigo ha indicado que las promociones de viviendas que se hicieron en Telde conllevaron gastos para la empresa que se detallan en la contabilidad, si bien no ha reconocido el balance en el que figuran 240.000 euros en concepto de "otros pagos" y que, según el Fiscal Anticorrupción, es el importe de las supuestas comisiones ilegales que se abonaron a técnicos y políticos para construir viviendas sociales en ese municipio entre 2003 y 2006.

Así mismo, ha negado que sea su letra la que figura en los dos cheques por importe de 30.000 euros que se sacaron los días 23 y 25 de diciembre de 2005 para pagar comisiones, supuestamente, a los también acusados en la causa José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, jefes de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, respectivamente, a quienes ha dicho no conocer al igual que al resto de procesados, salvo a Antón y a Benítez Cambreleng.

La testigo ha dicho que tampoco recuerda que Benítez Cambreleng le comentara que iba a sacar ese dinero del banco para efectuar esos pagos en esas fechas, como sostiene el denunciante, y ha negado que estuviera la tarde del 23 de diciembre en la oficina, pues ese día tuvieron la comida de Navidad de la empresa que se prolongó hasta por la noche, pese a lo que afirma el exgerente.

La responsable de la administración ha apuntado la posibilidad de que hayan "manipulado" documentos de la causa, en la que figura también como imputado el parlamentario del PP Jorge Rodríguez, al que el fiscal considera una pieza principal de la trama porque era quien introducía e intermediaba a favor de las empresas de Antón en ayuntamientos gobernados por ese partido. EFE