El Ayuntamiento de Mogán acumula desde hace 11 años una deuda de 4'2 millones de euros con la familia Sánchez Valerón por la expropiación de unos terrenos cercanos del cementerio. Un error en la calificación del suelo ha desencadenado una batalla con los titulares de la parcela que se resume en una retahíla de sentencias a favor de los afectados y gastos para el consistorio. El Grupo Popular y CC bloquearon ayer en sesión plenaria la iniciativa de Nueva Canarias y Ciuca, que exigía que el gobierno asumiera de su propio bolsillo más de 23.000 euros de costas judiciales. González sostiene que la oposición está defendiendo meramente el interés de un particular.

"Llega tarde, alcalde, el paciente ha muerto". Con estas palabras algunos concejales de la oposición de Mogán reprimieron ayer al alcalde Paco González en sesión plenaria por continuar "en su empeño" por gastar dinero público en pleitear en los juzgados con la familia Sánchez Valerón desde 2003 para evitar el pago de 4'2 millones de euros por la expropiación de sus terrenos aledaños al cementerio.

"La negligencia jurídica" ha impedido que "el paciente no vaya resucitar después de 11 años de enfermedad", por lo que "la inversión de dinero público en intentar salvar la situación es absurda". Este símil reproduce de alguna manera la pugna que el Ayuntamiento de Mogán mantiene con Los Valerón con el fin de esquivar el pago de una indemnización millonaria.

La caja de Pandora se abrió en 2003, siendo González concejal de Urbanismo, cuando se produjo un error de calificación del suelo de la estirpe moganera que elevó el precio de compensación del terreno.

Las discrepancias sobre el valor de los terrenos entre los afectados y el consistorio, dilatadas en el tiempo durante un período de 11 años, han acumulado tales intereses y costas que los 4'2 millones de euros del justiprecio inicial de deuda municipal se convertirán en casi seis millones en los próximos años. Debido a que el Ayuntamiento ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias fraccionar el pago en una cuota anual de 300.000 euros durante los próximos 20 años. "Y todo por una mala gestión", explicó ayer en pleno la edil nacionalista, Isabel Santiago.

El último gasto derivado de esta pugna urbanística se produjo durante un acuerdo de gobierno de 2013, en el que seis concejales y el mandatario a la cabeza aprobaron la contratación de un abogado con el fin de recurrir las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo. La estrategia legal costó cerca de 23.000 euros. Sin embargo, ninguno de los dos recursos prosperó. Este último gasto, precisamente, es el que ha motivado a los concejales de Ciuca y NC a exigir responsabilidad patrimonial al grupo de gobierno. Sin embargo, el voto de PP y CC bloquearon la iniciativa y el alcalde asegura que continuará invirtiendo dinero público en su maniobra jurídica. "Lo que hemos hecho es defender los intereses generales y evitar mediante la justicia que el pueblo pague más de lo que cuestan esos terrenos", señaló González. El grupo de gobierno cuenta con informes técnicos del ejecutivo regional, insular y municipal que asignan al suelo expropiado un valor inferior al solicitado por el propietario. González defiende que las formaciones de Ciuca y NC olvidan el interés general en pro de la defensa de un particular.