José Luis Mena, exjefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Telde, deberá afrontar en cinco días dos juicios en los que se enfrenta a cinco años y medio de cárcel, según las peticiones formuladas por la Fiscalía de Las Palmas y las acusaciones particulares. Mena arrastra una condena en primera instancia por el caso Europa, donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le impuso seis años y diez meses de prisión por cobrar comisiones a cambio de favorecer a Grupo Europa en la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio. Debido a la gravedad de la pena, con una condena por cohecho entre otros delitos, la Sala le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado como medida de control.
El primero de los juicios que debe afrontar el funcionario de Telde está señalado para este jueves y viernes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. También debe comparecer como acusado el concejal de Ciuca Guillermo Reyes, antes al frente de Urbanismo y ahora en la oposición. La Fiscalía reclama una pena de año y medio de cárcel para cada uno de ellos, así como una inhabilitación de tres años por un delito contra la integridad moral de un funcionario al que cambiaron de puesto en 2003, nada más llegar Reyes a la Concejalía de Urbanismo. Asimismo, está imputada María Jesús Santana, exjefa del área, para quien el Ministerio Público pide la misma pena.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el traslado de departamento se hizo "con el propósito de atentar contra la integridad moral" del funcionario al "denigrarlo" en su actividad administrativa, pues se vio obligado a trabajar en una oficina "donde supuestamente tenía que ejercer sus funciones con una mesa y tres sillas, sin más material que unos folios y un bolígrafo", subraya la fiscal en su escrito de acusación.
El denunciante del presunto acoso laboral, Raúl Santana, está representado por el abogado José María Guerra, que solicita la misma pena de cárcel e inhabilitación que el ministerio público en su escrito de acusación. Al juicio está previsto que asistan en calidad de testigos varios funcionarios de Urbanismo, así como el jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con la finalidad de probar supuestas lesiones psíquicas derivadas del ambiente laboral que se le impuso a Santana.
Además, el martes de la próxima semana, solo cinco días después de que Mena sea enjuiciado por ese delito contra la integridad moral, comenzará un nuevo juicio contra él, esta vez en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas porque se trata de un delito más grave que el anterior. La Fiscalía le acusa de falsificación documental y reclama una pena de cuatro años de cárcel, pues supuestamente alteró un informe que fue clave para el origen del caso Alisios. En esa causa fue juzgado Ildefonso Jiménez, quien desempeñó el cargo de concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003, es decir, el mandato anterior a la incorporación de Guillermo Reyes a ese departamento. Jiménez, que entonces militaba en Coalición Canaria (CC) y ahora lo hace en Nueva Canarias (NC), fue condenado en primera instancia por prevaricación al conceder una cédula de habitabilidad al exsenador nacionalista José Mendoza para dotar de agua y luz a su chalé en la urbanización Los Alisios de La Garita. Pero la Audiencia de Las Palmas revocó esa sentencia y le absolvió, precisamente con el argumento de la alteración de la fecha de uno de los informes que sustentaban esa condena.
Mena también está imputado en los casos La Mareta y Calero, ambos sin fecha de juicio. En este último se enfrenta a cinco años de cárcel por la supuesta manipulación de otro expediente.
