Hastiado, cansado y aburrido. Así dice encontrarse Juan Pedro Pérez Medina. El hasta ahora presidente de la asociación de vecinos Playgarza, que desde hace años viniendo luchando para evitar el derribo de al menos 55 viviendas en primera línea de cala por vulnerar la Ley de Costas, formalizó el pasado fin de semana su dimisión como líder del referido colectivo.

Pérez Medina deja tras de sí un bagaje inmenso, de 46 años al servicio de la comunidad en el que también ha tenido tiempo para ejercer responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Telde como concejal del PSC-PSOE en el mandato 1987-1991. En aquel cuatrienio, un pacto de cuatro formaciones políticas dispares (PSOE, PP, CDS e ICU) envió a Francisco Santiago a la oposición.

La evolución personal de Pérez Medina le llevó a dejar a un lado la política en el entorno de la plaza de San Juan y optar por centrarse en una coqueta bahía en la que ha sido todo un referente a lo largo de las últimas cuatro décadas. Las discrepancias surgidas con algunos vecinos y, especialmente, la desilusión que le ha supuesto ver que con el paso de los años no se ha conseguido de manera palmaria una solución oficial al problema del realojo de parte del núcleo -con una primera línea de residencias que ocupa en más de un 50% suelo de dominio público marítimo terrestre- han terminado por mellar su espíritu reivindicativo.

Atolladero

El exmunícipe del PSOE tenía preparada su carta de dimisión el pasado 27 de septiembre, pero quiso retenerla hasta este viernes con la esperanza de que el Parlamento de Canarias sacase adelante de una vez una Ley de Armonización Estética que podría abrir una primera puerta para el atolladero en el que están metidos varias decenas de propietarios en la playa, 21 de ellos con órdenes de demolición blandiendo sobre su cabeza.

Pero el Ejecutivo autónomo optó por ampliar el plazo de presentación de enmiendas a dicha ley hasta el 24 de octubre. Encima, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el sábado el reglamento que desarrolla los cambios en la norma nacional, gestada en 1988.

Esta circunstancia, unida al hecho de que en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no se ha incluido -ni parece que se vaya a hacer en el que se está ultimando- el convenio pergeñado con la familia Bonny para conseguir suelo donde reconstruir las residencias afectadas han supuesto la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Pérez.

"Esto está más complicado que nunca", reconoció ayer el afectado. "El Gobierno central ha modificado los criterios y ahora habrá una mayor afección porque se harán las mediciones tomando como referencia las mareas más altas, que son las del Pino y llegan hasta la calle asfaltada del barrio. Visto así, el 90% de las casas desaparecerá. Eso, unido al desinterés de una parte del movimiento social de la playa, han hecho que considere que lo mejor que puedo hacer es echarme hacia un lado y dejar que otro lo intente", abundó este lunes tras reconocer que "me he visto solo en ocasiones porque creo que la playa es algo más que las fiestas del Cristo, dicho esto sin desmerecer ni despreciar estas celebraciones".

Lo cierto es que su renuncia ha dejado por lo pronto varias huecos sin llenar. La asamblea vecinal del pasado domingo terminó sin presidente. Ni siquiera lo hay en funciones: Jesús Castilla, 'lugarteniente' de Pérez, también dimitió. En la junta directiva de Playgarza sólo permanecen secretario y tesorera, prácticamente sin atribuciones".

Y el exconcejal se va satisfecho con el esfuerzo hecho: "he logrado transformar este barrio y dotarlo de servicios básicos", sentencia.