La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y el juzgado de instrucción 2 de Telde investigan una presunta estafa masiva relacionada con la compraventa de pisos, apartamentos y vehículos de alta gama en la isla y en la que, hasta ahora, se hallarían casi 20 personas afectadas. El caso, bajo secreto de sumario, ha motivado el ingreso en prisión de la empresaria Teresa Velázquez y de su pareja, a los que se les imputa la presunta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida.

La investigación permanece abierta y no se descarta que el número de afectados se amplíe de forma considerable una vez que los tribunales realicen el ofrecimiento de acciones a terceros.

Según datos captados por este rotativo en diversas fuentes, Vélazquez era una asidua de las subastas de bienes embargados en los juzgados de la isla a través de su empresa Canarias de Gestión de Embargos. Con esta sociedad, la imputada solía pujar por la compra de residencias y coches a precios muy ventajosos, hecho tras el cual procedía a su reventa. El sur de Gran Canaria era, en este sentido, uno de sus puntos de acción.

La denuncia surgió después de que uno de los afectados le entregase dinero para realizar una de estas operaciones y, con el tiempo, observase cómo la imputada no procedía ni a la entrega del bien ni a la devolución de los fondos que se le habían facilitado.

En otros casos, se produjo el fenómeno de la clásica 'estafa piramidal,' en la que la implicada afrontaba el reembolso de parte de las cuantías solicitadas con cantidades que recibía a posteriori de terceros, hasta que llegó un momento en el que no podía atender las deudas acumuladas.

La denuncia original dio paso a una pormenorizada investigación en la que se detectaron a casi 20 damnificados en primera instancia. Muchos de ellos habían procedido a la entrega de dinero a través de ingresos en las cuentas corrientes de esta sociedad, cuya sede estaba ubicada en dos locales alquilados en los bajos del número 3 de la calle El Roque, muy cerca de los colegios Plácido Fleitas, San Juan y Poeta Fernando González.

Tanto este inmueble, como un piso ubicado en el número 61 de la misma calle, fueron objeto de un registro meticuloso que la Policía Nacional desarrolló durante más de siete horas en la jornada del 24 de septiembre. Los agentes retiraron del primer inmueble varias cajas de documentación y chequearon diverso material informático. También utilizaron guías caninos, que fueron trasladados desde la capital en busca de posibles remanentes dinerarios ocultos y que motivaron gran expectación en San Juan. El caso se mantiene aún en plena fase de investigación, pero las primeras estimaciones apuntan a que el dinero defraudado podría superar los dos millones de euros. Entre los afectados se contabilizan algunos que aportaron menos de 10.000 euros para la adquisición de vehículos y otros que llegaron a depositar más de 100.000, con la vista fijada en propiedades embargadas por impagos. La Fiscalía aún no ha decidido si la causa es asumida por la representante del ministerio público especializada en delitos económicos o recae en la profesional adscrita al juzgado de instrucción dos de Telde. Todo ello debido a la fase embrionaria en la que está sumida.