La UTE encabezada por las empresas FCC y Urbaser continuará su lucha en los tribunales para paralizar la adjudicación del complejo de Juan Grande a Cespa-Ayagaures, según adelantaron ayer fuentes de esas empresas, que consideran que el concurso del Cabildo estuvo plagado de "irregularidades". Esta unión temporal de empresas, en la que también participan Ralons (la sociedad de Miguel Ángel Ramírez) y Bitumex (vinculada a Lopesan), mantiene una larga pugna con el Gobierno insular y ya ha logrado frenar la concesión en dos instancias judiciales, aunque ha perdido la última batalla y previsiblemente tendrá que abandonar el vertedero del Sur a final de este año. Según las fuentes consultadas, si Cespa-Ayaguares asume definitivamente la gestión del complejo y pone en marcha el nuevo vaso de vertidos, será muy complicado que un juez ordene el cierre de Juan Grande, pues supondría un desastre medioambiental y una multa de la UE. Según las mismas fuentes, el anterior delegado de Urbaser en Canarias, Justino Sagreda, ha sido contratado por el grupo empresarial de Cespa-Ayagaures. J. Montesdeoca