El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, aseguró ayer que se siente "muy tranquilo" respecto a su actuación en el Oasis de Maspalomas, pero aludió hablar sobre el interrogatorio al que fue sometido por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, en calidad de imputado, en el transcurso de la investigación que realiza el fiscal decano de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, José Antonio Blanco Alonso, sobre las operaciones urbanísticas promovidas en el despacho de abogados de Bravo de Laguna y el posterior intento de declarar la zona del Oasis como Bien de Interés Cultural (BIC).
"No tengo comentarios que hacer. Es un asunto que lógicamente debe ser reservado y soy el primero que tiene interés en que así sea. He dicho en todo momento que estoy muy tranquilo de mi actuación tanto antes como después de ser presidente del Cabildo", contestó Bravo de Laguna al ser preguntado por su comparecencia hace dos semanas ante el Ministerio Fiscal en relación con la denuncia presentada por el empresario Cristóbal Rodríguez Marichal, promotor de la renovación del Centro Comercial Oasis a través del antiguo bufete del presidente del Cabildo.
Bravo de Laguna también evitó referirse a las posibles consecuencias de la investigación emprendida por la Fiscalía: "¿Mi futuro político? Yo me fijo en el presente, sigo luchando por Gran Canaria y estoy tranquilo con mi futuro". Estas fueron las únicas respuestas del presidente y del gobierno insular sobre las últimas actuaciones de la Fiscalía Provincial, desveladas ayer por este periódico.
Los demás miembros del grupo de gobierno del PP, que también fueron denunciados por Rodríguez Marichal, no han sido citados por el fiscal, pero en las últimas semanas sí han sido interrogadas, también como imputadas, otras personas vinculadas con las actuaciones urbanísticas en el Oasis de Maspalomas. Previamente, antes del verano, declararon como testigos el propio denunciante; su padre, Pedro Rodríguez González; su tío, Jesús Marichal Correa; y el empresario vallisoletano Santiago Valbuena Redondo.
La Fiscalía abrió las diligencias preprocesales a principios de este año y el pasado mes de agosto las prorrogó por otros seis meses para seguir investigando las posibles responsabilidades penales de las personas que intervinieron en los negocios privados que fueron denunciados por Rodríguez Marichal el 18 de diciembre de 2013.
Por tanto, el fiscal tiene de plazo hasta el mes de febrero para decidir si presenta una querella por los hechos relatados por el empresario sureño o decreta el archivo de las actuaciones. El BIC del Oasis que promovió el Cabildo fue rechazado por el Gobierno de Canarias, que busca ahora una alternativa para su ordenación.
