Los tres grupos de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, PSOE, NC y CC, coincidieron ayer en que las sospechas sobre José Miguel Bravo de Laguna en el denominado caso Oasis está minando la credibilidad del presidente y de la propia institución, pero sobre todo genera "un daño" a la imagen de la Isla, por lo que reclamaron a la Fiscalía que actúe con la máxima rapidez posible.

Los portavoces de los tres partidos opositores se mostraron muy cautos ante la información de que el fiscal ha interrogado a Bravo de Laguna en calidad de imputado por los presuntos delitos denunciados por el empresario Cristóbal Rodríguez Marichal. No obstante, acusaron al presidente de "falta de transparencia" en todo lo relacionado con el Oasis.

Carolina Darias, portavoz del grupo Socialista, recordó que "aún se está en la fase de diligencias preprocesales tras la denuncia de un particular contra el presidente del Cabildo, pero lo cierto es que se está dando una imagen tremendamente negativa para el Cabildo y para la isla de Gran Canaria. Darias propuso que la Fiscalía, tras analizar los hechos y los documentos, tome una determinación con la máxima celeridad, pues consideró que "el presidente de una institución como el Cabildo no puede estar bajo sospecha sine díe".

"Dentro de las posibilidades de la Fiscalía, que esta haciendo su trabajo, lo importante es saber si hay caso o no hay caso Bravo de Laguna", declaró Darias, quien insistió en que "se está dando una imagen muy negativa para la política, y más con lo que está cayendo en este país".

La representante del PSOE opinó que el presidente insular "ha actuado de manera opaca, cuando lo que están pidiendo los ciudadanos es transparencia". Al respecto, recordó que en el último Pleno de la corporación, hace una semana, preguntó a Bravo de Laguna "si va a seguir mirando para otro lado" en el otro asunto que está en manos de la Fiscalía, la denuncia de Infecar, donde el fiscal sí acusa al director accidental de la institución ferial, Rafael Suárez, de varios delitos. "Este mandato -añadió- está bajo la sombra de la sospecha y son esas dudas las que dañan a la democracia, matan no solo la credibilidad de Bravo de Laguna como presidente del Cabildo, sino la de la propia institución".

Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias, eludió pronunciarse al tratarse de una investigación secreta, pero demandó "que haya la máxima clarificación y explicación del presidente Bravo de Laguna para que su actuación no suponga una sospecha sobre todo el Cabildo de Gran Canaria".

Fernando Bañolas, consejero de CC, apuntó que "hay que dejar actuar al fiscal para saber si hay caso o no, y cuando antes mejor". "Desde el principio hemos dicho que el caso Oasis no es positivo ni para el Cabildo ni para la Isla porque está enfadando aún más a los ciudadanos, pues no terminar de desaparecer los asuntos que empañan la vida política", recalcó.