La concejala de Compromiso por San Bartolomé de Tirajana, Soledad Pérez, reveló el pasado martes en las casas consistoriales de Tunte la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que exonera al establecimiento turístico Vital Suites de Playa del Inglés de pagar una multa de nueve millones de euros al Ayuntamiento por haber cometido un "exceso de construcción" en 2001. La sentencia, que no admite la interposición de un recurso, se muestra favorable a los gestores del hotel "por haber caducado los plazos de reclamación".
La resolución del TSJC, recién sacada del horno, cogió el pasado martes por sorpresa al grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana, que aún desconocía el desenlace de 13 años de litigio urbanístico. La sala de lo contencioso administrativo condena al Ayuntamiento a dejar de recaudar nueve millones de euros, más otros tres en concepto de intereses, "por haber prescrito la sanción" que pesaba sobre la entidad Surfing Club Águila Playa, SL, gestora de la residencia turística Vital Suites.
El pleito entre ambas entidades se remonta a 2001, cuando un propietario alemán de una vivienda próxima al hotel denuncia a los gestores por un exceso de edificación en la planta alojativa y carecer de licencia de apertura. Es entonces cuando el consistorio, dirigido por aquella época por José Juan Santana, firma un convenio con la entidad hotelera para ganar una planta en altura mediante una modificación en la ordenanza de urbanización en el Plan General. A cambio el promotor ingresó más de un millón de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico a las arcas municipales.
No obstante, una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias con fecha de octubre de 2008 anuló dicho acuerdo y obligó al hotel a cerrar las instalaciones que habían sobrepasado las dimensiones permitidas, es decir, cerca de 20 habitaciones. Desde entonces, el complejo cuenta con una capacidad máxima de 58 unidades, divididas entre Suites y Suites Plus.
Por su parte, el Ayuntamiento tuvo que devolver al hotel el millón de euros con el que había sido compensado y procedió a abrir un expediente sancionador a los gestores del recinto que incluía una multa de nueve millones de euros.
Tras la interposición de dos recursos por parte de Surfing Club Águila Playa, S.L. el conflicto se ha saldado hace apenas dos semanas con un fallo a favor de la empresa, que le exonera de pagar la sanción por haberse vencido los plazos de reclamación. La prolongación del litigo en el tiempo suma en su totalidad un período de más de diez años.
Aunque la sentencia aún no es firme, y para ello los interesados deberán esperar al menos dos meses, no cabe la interposición de un recurso de apelación por parte de la administración local, según recoge el mismo documento.
