El Cabildo fija la capacidad turística máxima

El estudio sobre la capacidad de carga turística de Gran Canaria se incluye en el documento para adaptar el Plan Insular a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobado de forma inicial por el Pleno de Cabildo y que se somete ahora a información pública. El plazo de presentación de alegaciones se abrió ayer y finaliza el próximo 13 de marzo, lo que deja poco margen para que esta revisión del PIO salga adelante antes de las elecciones de mayo.

"Esta adaptación no implica un cambio de modelo; es más, en la revisión del documento se puede testar que el modelo que se estableció en 2004 sigue absolutamente vigente, pero la ley nos obliga a analizar una serie de parámetros para ordenar la isla y marcar las estrategias de futuro", explicó Ana Kursón durante la presentación de los paneles informativos con las principales novedades del PIO, que se podrán consultar en la planta baja de la Casa Palacio en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Entre las propuestas que se elevan a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) resaltó la ampliación de las áreas de expansión turística del norte de la Isla, que antes estaban limitadas a una franja mínima del litoral y ahora se extienden hacia el interior de los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María de Guía, Gáldar y Agaete.

Capacidad

Kursón declaró que entre los parámetros de futuro que se han incorporado al PIO figura un estudio de la capacidad de carga que tiene la isla para el tejido turístico, que "arroja una serie de resultados que permiten ver que es posible ampliar el número de plazas turísticas hasta llegar a un total de 260.000, pero siempre y cuando se mejoren una serie de indicadores que actualmente impiden absorber esa capacidad máxima alojativa, como los recursos hídricos, las carreteras, o el aeropuerto".

El PIO de 2004 tiene aprobadas un total de 178.000 plazas alojativas, pero de ellas solo están en funcionamiento unas 138.000, bien porque no se han construido las camas hoteleras que tienen suelo calificado o porque los propietarios han dado de baja las que tenían operativas, lo que además complica tener una foto fija de la situación del sector turístico. Con los cálculos de los técnicos del Cabildo, aún cabrían 83.000 plazas más de las que están previstas en la normativa actual y 123.000 más de las que figuran actualmente en el mercado hotelero.

De esas 83.000 futuras plazas alojativas, unas 30.000 estarían en el sur de la Isla, entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y el resto repartidas entre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la zona norte, La Aldea y los pequeños enclaves turísticos del litoral y del centro de la Isla.

"El umbral máximo de crecimiento turístico se centra más en las normas de calidad que en el número concreto de camas, que deben ser las que admite el territorio; con las estimaciones a partir de una densidad bruta de 50 plazas por hectárea, que es la que se utiliza ahora, en el sur de la Isla nos salen en total unas 210.000 plazas", explicó Pedro Pablo Monzón, arquitecto del Cabildo y director de la adaptación del PIO.

"El crecimiento turístico de futuro", recalcó Kursón, "se contempla en casi toda la isla, con una menor subida porcentual en la zona sur porque ya está desarrollada". Así, en La Aldea "se pasa de las 1.200 plazas previstas a 1.700, mientras que en el norte se amplía la zona, que hasta ahora estaba muy limitada a la franja costera". Respecto a los municipios del interior de Gran Canaria, el PIO establece áreas que pueden ser aprovechadas desde el punto de vista turístico por su riqueza medioambiental, paisajística, arqueológica o etnográfica.

Puesto que la revisión del PIO que salga de la Cotmac solo recogerá el aumento de camas en La Aldea -dado que las demás plazas alojativas están aprobadas en el documento de 2004 o en los diversos planes territoriales que están en tramitación-, el futuro desarrollo turístico se tendría que realizar "a través de distintas figuras de planeamiento", señaló Kursón.

Cuando se trate de plazas turísticas en suelo urbano se realizará a través de las licencias municipales. "En el caso de terrenos que se encuentran en el interior de la Isla puede ser a través de los proyectos de actuación territorial (PAT), que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales de Canarias es competencia de los cabildos", apuntó la consejera de Política Territorial. "La ampliación de plazas en el litoral sur debe hacerse a través de los PAT o de instrumentos que ya están aprobados, como es el caso del Plan de Tarajalillo", puntualizó.

En el documento del Cabildo, comentó Kursón, también se analizan todos los tejidos productivos existentes en Gran Canaria para ordenar a grandes rasgos lo que va a ocurrir en el futuro. Entre esos sectores citó el agropecuario, el industrial, el energético y el residencial. "Podemos hablar de un futuro de unos 20 años, aunque el PIO no tiene un límite temporal para esa planificación", recordó.

Espacios protegidos

En referencia a los recursos naturales, Kursón aseguró que el PIO "pretende preservarlos para el futuro y para ello se ha establecido una combinación de los espacios protegidos con los turísticos y los culturales, de manera que se pone el énfasis en que muchos de esos recursos naturales son un valor añadido para atraer visitantes a Gran Canaria".

Tras recordar que el PIB turístico de la Comunidad Autónoma ha pasado del 27% al 31% en los últimos tres años, la consejera dijo que Gran Canaria "está notando una mayor incidencia de ese sector en la economía y hay que mejorar la oferta que se ofrece a los visitantes".

En el documento que se expone desde ayer se propone una estrategia para la protección de aquellos espacios naturales que no están incluidos en la actual normativa, entre ellos el litoral desde Sardina de Gáldar a la playa de Agaete, los acantilados de San Felipe, la bahía del Confital y Las Canteras, La Isleta, en área marina del puerto de Melenara, la península de Tufia, poblado, el Roque de Gando, la bahía de Gando, la playa del Cabrón, el litoral de Arinaga, Juncalillo del Sur, el espacio marino de San Agustín a Maspalomas, Montaña La Arena y el Macizo de Tauro.

En el análisis de los recursos hídricos, Kursón señaló que un crecimiento turístico y poblacional obligaría a construir más potabilizadoras y a aprovechar el agua de embalses y pozos, aunque reconoció que ese es un sector del que su departamento carece de datos. "En una previsión a largo plazo hay que mejorar esos recursos hídricos", recalcó.

Preguntada sobre las afecciones aeroportuarias, Kursón afirmó que la propuesta del Cabildo "pretende establecer un marco general de ordenación de las 171 piezas territoriales que están contabilizadas para que los ayuntamientos afectados por las servidumbres aeronáuticas puedan utilizar esas convalidaciones del PIO para no tener que solicitar de manera expresa las licencias a AENA". "Si conseguimos que AENA convalide estas 171 piezas que se han estudiados, o al menos de la mayoría de ellas, ya tendríamos un panorama a futuro establecido", insistió.

Una característica del nuevo PIO, según relató Pedro Pablo Monzón, "es que se mejora desde el punto de vista instrumental al simplificar la normativa, hacerlo más legible e informatizarlo, por lo que a partir de ahora será entendible por cualquier ciudadano". Otro de los objetivos de la Consejería de Política Territorial es que "la norma no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de actividades económicas, con la debida salvaguarda de los recursos naturales que existan".

Monzón precisó que los parámetros que se han obtenido al analizar cuestiones como la capacidad de carga turística "avalan las decisiones que se adaptaron al redactar el PIO de 2004, como es la necesidad de ampliar el aeropuerto de Gando, que propuesta que sin embrago ha sido cuestionada en muchos ámbitos".

"Los indicadores para calcular la capacidad de carga -sostuvo el director del PIO- funcionan en doble sentido, porque a partir de cifra actual de plazas alojativas, unas 140.000, ya es perentoria la ampliación del aeropuerto o la construcción de nuevas carreteras".

Tanto Kursón como Monzón se mostraron convencidos de que aún se está a tiempo de aprobar la revisión del PIO en este mandato, aunque aclararon que va a depender del número de alegaciones que se presenten y de la entidad que tengan. "Daría tiempo si las alegaciones no son de un contenido que obligue a modificaciones sustanciales", dijo la consejera. Pese a su optimismo, el calendario es muy apretado.

Tras el periodo de dos meses de información pública tendrán que resolverse las alegaciones y volver al Pleno del Cabildo para la aprobación definitiva. Después se remite a la Cotmac. En la misma situación ha quedado también el plan de Tarajalillo, donde están interesados inversores rusos y alemanes.