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El Cabildo estudia reducir el canon de Bandama entre críticas de favoritismo

El Real Club de Golf de Las Palmas pide el aplazamiento del pago por la pérdida de socios

Campo de golf de Bandama, en el municipio de Santa Brígida.

Campo de golf de Bandama, en el municipio de Santa Brígida. YAIZA SOCORRO

El Cabildo de Gran Canaria estudia reducir el canon que paga el Real Club de Golf de Las Palmas por la utilización del campo de Bandama, una fórmula que levanta recelos en otras entidades deportivas y que ha sido denunciada en una carta anónima dirigida a los portavoces de todos los partidos políticos de la corporación. Frente a las acusaciones de posibles irregularidades en la concesión administrativa, el club decano del golf español niega cualquier trato de favor por parte del Cabildo y recuerda que desde hace dos años pidió la resolución del contrato al no poder hacer frente al canon de 340.000 euros mensuales que se estipuló en el año 2006.

Ante las dificultades económicas que atraviesa el Real Club de Golf de Las Palmas por la crisis, con una drástica reducción de socios y de ingresos, el gobierno insular de José Miguel Bravo de Laguna ha accedido a estudiar una rebaja de la cuota que paga actualmente por el uso de Bandama, según confirmó ayer el vicepresidente segundo y portavoz del PP, Carlos Sánchez, uno de los destinatarios del escrito anónimo.

"El Real Club de Golf de Las Palmas, que es el concesionario del único campo que tiene el Cabildo, ha solicitado desde hace tiempo una reducción del canon y se está estudiando por parte de los servicios jurídicos", explicó Sánchez, quien apuntó que para la institución insular "sería un grave problema" tener que gestionar esas instalaciones.

"Ese club ha tenido siempre un gran prestigio y ha funcionado bien, por lo que estamos analizando jurídicamente la posibilidad de una rebaja para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión", puntualizó. Respeto a las denuncias, aseguró desconocer la procedencia y las razones, aunque sugirió que podría tratarse de una disputa entre socios y directivos de algunos clubes, no de las entidades deportivas. Esa es también la apreciación de otras personas del ámbito del golf consultadas por este diario.

Incumplimientos

La carta anónima a los cuatro grupos políticos del Cabildo sostiene que "desde hace años el Real Club de Golf de Las Palmas no cumple muchas de las obligaciones derivadas del concurso público", entre ellas el pago del canon que tiene que abonar cada año al Cabildo. "Este podría ser el incumplimiento más grave, pero no es el único, como puede comprobar cualquier persona que lea el pliego del concurso que se hizo en su momento", recalca.

El Cabildo, según los denunciantes, "en un grave ejercicio de falta de transparencia, oculta el expediente en clara connivencia con el Real Club de Golf de Las Palmas, que además se beneficia de forma reiterada de servicios prestados de forma gratuita, tales como ayudas a la jardinería con empleados del Cabildo que pagamos todos los grancanarios". También asegura que se utilizan aguas propiedad del Cabildo para el riego del campo y se entregan "subvenciones a medida para el club privado".

La ausencia de reclamación al Real Club de Golf de Las Palmas de los pagos estipulados, así como la prestación de servicios y suministros gratuitos, "son especialmente graves por dos motivos", insiste la denuncia anónima. Primero, el club "es una entidad privada que gestiona las instalaciones de manera elitista, cerradas al pueblo grancanario con grave incumplimiento de las condiciones recogidas a este respecto por el pliego de adjudicación".

Y segundo, que "destacados responsables políticos del Cabildo son socios del Real Club de Golf, del que también forma parte un alto funcionario, entre otras personas con grandes responsabilidades dentro de la corporación, lo que exige máxima transparencia en sus actuaciones.

Por último, los denunciantes aseguran que el gobierno de Bravo de Laguna "ha celebrado en los últimos meses múltiples reuniones secretas con el Real Club de Golf, saltándose todos los procedimientos administrativos, en las que al parecer se ha pactado dentro del máximo oscurantismo no solo el que no se abra expediente por los incumplimientos, o que no se reclamen las cantidades impagadas, sino que además se pretende garantizar al Real Club de Golf condiciones ventajosas para el futuro, alterando las condiciones del concurso".

Salvador Cuyás, presidente de la entidad deportiva, rechazó todas estas acusaciones y aseguró que el club "está al día en los pagos", aunque sí reconoció que se han solicitado aplazamientos y suspensiones del canon porque desde mayo de 2013 se presentó un escrito al Cabildo en el que se pedía la resolución de la concesión porque no se podía pagar la cantidad fijada.

Cuyás recordó que la concesión fue otorgada en 2006 y en ella se establecía un canon del 5% del valor del suelo que ocupa el campo de Bandama, valorado en 6 millones de euros. Ese canon ronda ahora los 340.000 euros al mes. Antes de pedir el fin de la concesión, el club ya había planteado al Cabildo una revisión de las condiciones económicas "porque había un auténtico desequilibrio económico al estar los cálculos mal hechos".

El Cabildo, explicó Cuyás, denegó la revisión del precio y comunicó que la única vía de resolver el problema era pedir la resolución de contrato, lo que se hizo en mayo de 2013. En paralelo, el club pidió que de forma automática se suspendiera el pago del canon desde esa fecha hasta que se resolviera la adjudicación. El Cabildo concedió un aplazamiento de lo que hasta esa fecha se había devengado y se está pagando "sin problema alguno", comentó el presidente.

"Hace poco más de un mes, la agencia Valora nos ha contestado que no acuerda la suspensión, por lo que le pedimos un aplazamiento, pero después Valora se dio cuenta de que no procede ese aplazamiento, sino la suspensión", recordó Cuyás, quien subrayó que el club incluso se mostrado dispuesto a comprar esos terrenos, aunque ahora sería operación complicada.

El pasado verano, otra denuncia anónima ante el alto funcionario del Cabildo provocó la anulación del concurso de las carreteras. La portavoz del PSOE, Carolina Darias, ya ha pedido información al gobierno sobre este expediente.

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