En el acuerdo firmado horas antes de las últimas elecciones por el que se revoca la concesión del Campo de Golf de Bandama al Real Club, se enumera una amplia exposición de motivos para ello y se trata de justificar por qué los servicios jurídicos de la Corporación insular han tardado 23 meses desde que la entidad deportiva solicitara esa rescisión, en junio de 2013, hasta la citada firma, de mayo de 2015. Un periodo en el que han hecho uso de esas instalaciones sin tener que abonar los 340.000 euros anuales de canon.
La explicación que ofrece el abogado redactor de este texto luce como un resumen de cómo la gestión del Cabildo bajo el mandato de José Miguel Bravo de Laguna le ha ido acumulando el trabajo a los servicios jurídicos hasta el punto de no dar prácticamente abasto.
Así se afirma que el informe "no se pudo emitir antes por el exceso de trabajo que pesa" sobre el letrado y, en particular, por haber coincidido en el tiempo con otros asuntos de máxima relevancia para el Cabildo".
Según enumera son "los pleitos relativos al BIC, Sitio Histórico, del Oasis de Maspalomas", los pleitos de la concesión de obra pública en Salto del Negro y Juan Grande y el asesoramiento jurídico para que el Parlamento de Canarias modificara la ley turística que permitiera la construcción de hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria.
El trajín del letrado asesor-titular no acaba ahí, sino que también tiene que bregar con la modificación del dominio público para construir el parque acuático Siam Park; sobre el cambio de escenario jurídico para la construcción de la eterna central hidroeléctrica Chira-Soria; y, por si fuera poco, con los "múltiples litigios relativos a las jornadas de trabajo de los cabos y bomberos del Consorcio de Emergencias, etcétera".
