Unos desafortunados mensajes enviados por wasap desde el Sur de Gran Canaria por Edwin Verweel a su expareja en Holanda han acabado con el hijo de ambos en situación provisional de desamparado, bajo tutela del Gobierno de Canarias y la protección de la Fiscalía de Menores de Las Palmas, que ha abierto un expediente para evaluar si existe una situación de riesgo para el niño, de cuatro años y con síndrome de Down.
Verweel y sus vecinos de Sonnenland, en San Bartolomé de Tirajana, han decidido denunciar el caso para reclamar más rapidez a las administraciones, pues consideran injusto que el menor lleve apartado de su progenitor desde el pasado mes de enero. "Estamos indignados, todo el vecindario está sufriendo por esta situación, pero sobre todo el niño, que quiere mucho a su padre", asegura Margot, una de las amigas que ayer apoyó a Verweel e hizo de traductora para exigir el regreso del pequeño.
Y es que este pensionista holandés se siente atrapado en la maquinaria burocrática del sistema judicial español. Vive en el sur de la Isla desde hace tres años, en compañía de su pareja hasta que hace un año rompieron y ésta regresó a su país. En enero volvieron a tener una fuerte discusión por teléfono, esta vez relacionada con la custodia del niño, y Verweel cometió el error de enviarle mensajes amenazadores, tanto para ella como para la integridad de su hijo. Eso es lo que ha motivo la intervención de la policía española, la Fiscalía y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Bartolomé de Tirajana, según han confirmado fuentes del ministerio público.
Hay vínculo afectivo
La policía, tras recibir la denuncia interpuesta en Holanda, arrestó a Verweel por esos insultos y amenazas. También intervino la Fiscalía de Protección de Menores, y el pasado 25 de enero ordenó el ingreso del pequeño en el centro de acogida de Santa Rosalía. Desde entonces el niño sigue interno en un CAI del Cabildo, tutelado por Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, y su padre sólo puede verlo los fines de semana.
En concreto, la administración declaró al menor en desamparo provisional el pasado 25 de febrero y, por tanto, asumió su tutela al acordar la suspensión del ejercicio de la patria potestad de los progenitores. El pequeño entró en el CAI Santa Rosalía y, posteriormente, fue trasladado al Hogar La Retamita, donde vive desde el 18 de marzo de 2015.
El abogado que lleva el caso, Vicente Rodríguez, asegura que esas decisiones administrativas limitan el contacto del menor con su padre biológico sin justificación, pues el Juzgado de Violencia de Género de San Bartolomé no ha acordado medidas de protección ni similares entre padre e hijo y, además, los informes de las instituciones son favorables porque constatan el vínculo entre ambos.
El letrado ha intentado hacer valer esos informes para que la Viceconsejería de Política Social revoque el desamparo, pero el pleito parece bloqueado hasta que los especialistas realizan una exploración psicológica a los padres solicitada por el Juzgado. La diligencia fue acordada en una providencia del pasado 19 de febrero, pero aún no hay psicólogos forenses asignados. De ahí las quejas del abogado y de los vecinos, que consideran todo este retraso contraproducente para el menor.
Fuentes de la Fiscalía de Menores aclaran que los primeros informes evidencia un vínculo afectivo entre padre e hijo, pero están a la espera de recibir más datos para poder resolver el expediente de riesgo, entre otros motivos porque los mensajes amenazadores son graves. La situación se complica por la edad y el síndrome de Down.
