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San Bartolomé de Tirajana Examen al planeamiento urbanístico

El Cabildo mantiene su planeamiento en el Sur

Morales considera que un cambio del Plan Insular "no aportaría nada" y desde la Corporación insular exigen que se respete a los residentes

Antonio Morales

Antonio Morales SANTI BLANCO

El Cabildo de Gran Canaria descarta modificar sus planes territoriales en San Bartolomé de Tirajana porque los posibles cambios no aportarían ninguna solución a los conflictos que está generando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. El presidente del gobierno insular, Antonio Morales, consideró ayer que deben ser el Ayuntamiento, y "fundamentalmente el Gobierno de Canarias", los que busquen una solución a los casi 17.000 residentes que corren el riesgo de que sus apartamentos y bungalós se queden fuera de ordenación.

Ante el anuncio del presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, de modificar las leyes de Ordenación del Territorio y de Renovación Turística, Morales declaró que el Cabildo no necesita cambiar el Plan Insular (PIO-GC) ni los planeamientos territoriales (Pteoti y PTP-8) para ofrecer una alternativa a los propietarios de apartamentos que están alarmados por el nuevo Plan General, aunque insistió en que deben ser las otras dos administraciones las que busquen una fórmula que respete todos los intereses, tanto los del sector hotelero como los de las personas que tienen fijada su residencia en complejos turísticos.

En el caso de que el Ayuntamiento y el Gobierno regional no encuentren una salida al conflicto sobre el uso turístico o residencial de los apartamentos, Morales explicó que el Cabildo aún tendría la posibilidad de emitir "informes vinculantes" respecto al nuevo del PGOU. Tras analizar la situación creada con los técnicos de la institución, el gobierno insular entiende que "en algunos casos no se ha sido absolutamente respetuoso con el planeamiento del Cabildo".

No obstante, insistió en que deben actuar primero el Ayuntamiento y el Gobierno autónomo. "Lo que estamos haciendo es un llamamiento al diálogo, al consenso, al respeto a las normas establecidas y al respeto a las situaciones consolidadas y, por lo tanto, si eso no se cumple, actuaríamos desde el Cabildo según nuestras competencias", adelantó Morales, quien precisó que "en un proceso de estas características siempre hay sectores que pueden resultar perjudicados, pero en el Cabildo creemos que no deben ser absolutamente perjudicados".

Afectados

El presidente del Cabildo recalcó que "hay que buscar fórmulas para que haya las menores afecciones posibles a sectores que ya están consolidados durante muchos años". A su juicio, no es posible aprovechar la actual revisión del PIO-GC para actuar en el Sur porque los hipotéticos cambios "no aportarían nada" al conflicto del uso residencial de los complejos turísticos.

"El Cabildo -añadió Morales- ha hecho un buen trabajo de planeamiento en los últimos años, consensuado entre todos los grupos políticos y refrendado por el propio Gobierno de Canarias, por los ayuntamientos y por los sectores empresariales afectados; el Cabildo ha hecho sus deberes, tendrán que ser otros los que se adecuen a la normativa".

También consideró que la recuperación de las camas turísticas que se han perdido en Playa del Inglés, San Agustín y Maspalomas por el uso residencial, entre 12.000 y 20.000 según distintos cálculos, no es argumento para dejar fuera de ordenación a miles de vecinos. "Gran Canaria cuenta con más de 120.000 camas turísticas y hay suelo a disposición para atender la demanda, eso no debe condicionar la búsqueda de la solución", agregó.

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