El arquitecto y redactor de casi una decena de planes urbanísticos de la Isla, Jesús Álvarez, consideró ayer que asignar un uso turístico en exclusiva a algunas urbanizaciones del litoral de San Bartolomé de Tirajana, como contempla el nuevo documento que ha elaborado Gesplan, supone un "brindis al sol" que puede acabar con una avalancha de denuncias en los tribunales. El experto, quien analizó las repercusiones del nuevo planeamiento junto al catedrático Carmelo Padrón ante un centenar de vecinos en el centro cultural de El Tablero, cree además que "la escala de grises" entre los claros y oscuros de la Ley Turística del Gobierno de Canarias es muy amplia.
"¿Cuál es el tejido turístico que queremos para el futuro?" Esta cuestión constituye la pieza central del puzle urbanístico que San Bartolomé de Tirajana intenta encajar desde hace casi 20 años y, que según vaticinan los expertos, puede que aún continúe sin conseguirlo.
La futura ordenación del territorio de San Bartolomé de Tirajana, "auténtico centro de gravedad de la Isla por concentrar los intereses económicos que impulsan la industria del turismo", según explicó Álvarez, "hay que tratarlo con especial mimo. Pues aunque sea una propuesta teóricamente defendible, en la práctica, cuando se intenta colocar en terreno, cruje por todos lados", matizó el arquitecto en compañía de su compañero de profesión, Carmelo Padrón, en la cuarta jornada de reflexión que celebran los grupos de oposición Nueva Canarias, PSOE y Unidos en el municipio desde que comenzó a finales de julio el periodo de exposición pública del nuevo planeamiento.
El litoral urbanizado del primer municipio turístico de Canarias, que se extiende desde Tarajalillo hasta Pasito Blanco, constituye un "escenario heterogéneo" en el que abundan "casuísticas de todo tipo" debido a lo "fraccionada que se encuentra la estructura de la propiedad". En el modelo turístico de Maspalomas, Costa Canaria "se ha optado por los establecimientos extrahoteleros, que aglutinan tanto a pequeños inversores que a través del alquiler de sus apartamentos obtienen una renta familiar, como extranjeros que solo residen en el Sur seis meses al año y turistas" ocasionales. "Y para que todos ellos se pongan de acuerdo a veces es muy complicado", añadió Álvarez en su análisis.
Es por ello, por lo que a juicio de este experto, la nueva Ley de Modernización Turística del Gobierno de Canarias, "con sus luces y sombras", se debería "adaptar" a cada pieza turística del municipio en busca de un "modelo compatible" con los intereses de todos los agentes implicados.
"Atribuir un uso turístico en exclusiva a la mayoría de las urbanizaciones de la costa de San Bartolomé supone un brindis al sol, que puede acabar con una avalancha de denuncias en los tribunales", anuncia Álvarez, quien aboga por "estudiar" esa enorme "escala de grises" que se puede aplicar como "solución" a aquellas urbanizaciones mixtas, en las que conviven residentes y turistas.
La aprobación de un plan urbanístico se trata, pues, de un procedimiento "complejo" en el que intervienen varios factores. Por un lado, la lentitud con la que se elabora un documento de estas característica ha provocado que su aprobación se haya convertido en una "cuestión de honor" para los gobernantes. Sin embargo, a veces "la urgencia es contraria a la sensatez" y normalmente en los plazos políticos "no existe el sosiego necesario para analizar la realidad del problema y reflexionar en busca de una solución". Y, por otro, " en ocasiones se gestiona la propuesta con el objetivo de otorgar licencias de obra a nuevos proyectos en el municipio en vez de trabajar por dejar a las futuras generaciones un territorio en mejores condiciones que las actuales", contempló el académico.
Al fin y al cabo, la confección del nuevo documento incluye "intereses contrapuestos" de personas sobre un mismo territorio y el "mérito", que debe ser "colectivo", está en "conciliar eso".
