El consejo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria acordó ayer crear un órgano para resolver los recursos y contenciosos que presentan las empresas cuando no están de acuerdo con las adjudicaciones de proyectos de la corporación insular. El Tribunal Administrativo del Cabildo sobre contratos públicos, que es como se llamará este nuevo organismo, se crea para intentar dar salida a los conflictos que surjan con las empresas y evitar que los asuntos lleguen a los tribunales, según explicaron el presidente insular, Antonio Morales, y el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito.

Ese Tribunal Administrativo estará conformado por tres o cinco miembros, independientes y ajenos al personal del Cabildo. Sus componentes se elegirán entre funcionarios de prestigio, abogados o catedráticos de Derecho, puesto que el objetivo es que se puedan realizar pronunciamientos que garanticen el buen funcionamiento de esta administración.

El Cabildo de Gran Canaria se encuentra inmerso en numerosos procedimientos judiciales por adjudicaciones realizadas en los últimos cinco años, especialmente en las áreas de Obras Públicas (carreteras) y Medio Ambiente (vertederos o helicópteros contraincendios), que en algunos casos han retrasado durante varios años la firma de los contratos.

Precisamente, ayer se conoció la presentación de un nuevo recurso contra las adjudicaciones del concurso público para el mantenimiento de la red de carreteras, realizadas al principio de este mandato por el consejero de Obras Públicas, Ángel Víctor Torres. Esta es la tercera denuncia que se interpone en los últimos veinte días por presuntos errores en la puntuación de las ofertas que concurrieron a ese concurso público.

La nueva demanda la ha presentado la empresa Castellana Ambiental Promociones y Obras, por la vía del recurso potestativo ante el propio Cabildo, contra la adjudicación del servicio de mantenimiento de las carreteras del Centro, por un valor 6,56 millones de euros durante cuatro años. Ese contrato fue adjudicado en el mes de julio a la constructora Comsa, que a los pocos días renunció al contrato al no poder hacer frente a las condiciones y precios que ofertado en el concurso público.

Ante esa renuncia, el Cabildo adjudicó esos servicios a la empresa Api Movilidad, que había quedado en segundo lugar en la baremación de las 20 ofertas que concurrieron a esa licitación. La UTE encabezada por Castellana Ambiental, junto a Ortiz Construcciones y Proyectos, quedó en quinta posición, con 80,78 puntos frente a los 94 de Comsa y 91, 83 de Api Movilidad.

Este recurso potestativo se une a los dos que se han presentado en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra las adjudicaciones de la Red de Alta Capacidad -por parte de cuatro UTE que agrupan a nueve grandes empresas del sector- y de las carreteras de Medianías y Cumbre. Las empresas reclaman que se eliminen los criterios subjetivos de los concursos públicos.