El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ampliado la trama canaria del caso Fitonovo caso Fitonovocon la imputación de otros dos directivos empresariales, Rubens Coba Falcón, gerente en las Islas de la compañía API Movilidad, y Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, representante de Elsamex, acusados de un presunto pago de comisiones a funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de contratos.
Ambos han sido citados a declarar el próximo miércoles, 11 de noviembre, día en el que también tendrán que comparecer Ulises Pérez González, funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria y coordinador insular de Obras Públicas entre los años 2003 y 2007, y José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias.
Un auto emitido ayer por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ha asumido la investigación iniciada en Sevilla por la jueza Mercedes Alaya, desvela la imputación de estos dos directivos de Api Movilidad y Elsamex, con lo que el número de implicados canarios en la presunta trama corrupta se eleva a seis.
De ellos, tres eran altos cargos de las administraciones públicas isleñas cuando sucedieron los hechos -Sergio Machín, Ulises Pérez y José María Maya- y los otros tres eran directivos empresariales -Adolfo de la Torre, Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez-, según se recoge en el sumario de esta causa de presunta corrupción, conocida en sus sucesivas etapas como caso casoEnredadera, Madeja y Fitonovo.
La vinculación de las empresas API Movilidad y Elsamex en la trama se conocía desde diciembre de 2014, cuando la juez Alaya ordenó las operaciones de la Guardia Civil en la sede de la empresa Fitonovo en Gran Canaria y en el Cabildo de Lanzarote, donde fueron detenidos Adolfo de la Torre y Sergio Machín, respectivamente. Sin embargo, hasta ayer no trascendió la implicación de los directivos Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, cuya imputación se produce después de que la Audiencia Nacional asuma la causa.
En las primeras diligencias que practica la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata cita a declarar el próximo miércoles a cuatro de los seis imputados en Canarias, pues Adolfo de la Torre y Sergio Machín ya lo hicieron ante la juez Alaya después de su detención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El auto judicial señala que José María Maya Cáceres, antiguo jefe de Carreteras del Gobierno de Canarias, debe comparecer porque supuestamente Fitonovo le pagó 57.024 euros entre 2003 y 2011 "por su actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos" para dicha empresa.
Respecto a la citación de Ulises Pérez, el auto del juez sostiene que es ingeniero del Cabildo de Gran Canaria y habría recibido 10.381 euros de Fitonovo en dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos. Sobre Rubens Coba Falcón, indica que es gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, adjudicataria de distintos contratos públicos supuestamente irregulares. Por último, señala que Gustavo Adolfo Jiménez es representante en Canarias de Elsamex, empresa que subcontrató a Fitonovo en varias adjudicaciones del Cabildo de Gran Canaria.
Trece delitos
En la causa que investiga la Audiencia Nacional ya hay un total de 96 imputados, la mitad funcionarios públicos y la otra mitad representantes de distintas empresas involucradas en la trama, por los delitos de cohecho, fraude y exacciones fiscales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social, prevaricación, malversación, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales.
La UCO de la Guardia Civil calcula que se han pagado 4,3 millones en dádivas entre 1995 y 2013, aunque falta por cuantificar el volumen de la contratación pública afectada y los perjuicios causados a las administraciones, pues se concertaban precios a la baja en concurrencia ficticia, al alza para inflar facturas, o se abonaban trabajos no ejecutados. Las comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina (Jaén), y a la empresa pública Adif.
