El Cabildo de Gran Canaria asesorará a los ayuntamientos de la isla para que avancen en la implantación de la transparencia en su gestión, según informó ayer en el consejero insular de Empleo, Gilberto Díaz, tras asistir a la Jornada Transparencia y Administración Pública, en la que participaron Díaz el director de Melián Abogados, Juan Carlos García; el director general de Transparencia del Cabildo, Javier Hernández; el comisionado de Transparencia del Gobierno regional, Daniel Cerdán; el doctor en Derecho Miguel Ángel Blanes; y el director de la Oficina de Transparencia e Información Pública de la Diputación de Castellón, Borja Colón de Carvajal.

Dirigida a funcionarios, cargos públicos, directivos y estudiantes universitarios, la jornada fue una de las acciones de la unidad de transparencia para impulsar la accesibilidad tanto a la acción política como a la gestión y a los recursos de las administraciones.

Según explicó Díaz en un comunicado, el objetivo es la mejora del funcionamiento de las instituciones públicas, "incrementando la accesibilidad a la información y la rendición y control de cuentas por parte de los ciudadanos, indispensable en toda sociedad democrática". El Cabildo grancanario, que se ha adherido al portal de transparencia del Ministerio de Administraciones Públicas, está en el nivel diez en cuanto a gasto en materia de accesibilidad.

En su intervención, Javier Hernández destacó la necesidad de regular "la confidencialidad y el secreto requerido" en la toma de decisiones como límites más frecuentes al acceso a la información y añadió que, además, hay que "delimitar qué es la confidencialidad y el secreto, y a qué decisiones afecta". Una de las deficiencias que existen en España y una de las principales críticas de Transparencia Internacional, a su juicio, tiene que ver con lo que se conoce como "puertas giratorias".

"Tenemos que limitar que los cargos públicos puedan acudir a las puertas giratorias cuando terminen su labor, que ahora mismo solo está regulado para los parlamentarios, pero no para jueces y fiscales, por ejemplo, ni existe declaración de bienes de los miembros de la judicatura, y llevan temas muy delicados", subrayó

Por su parte, Daniel Cerdán hizo hincapié en la necesidad de que las estructuras de comunicación públicas sean "accesibles y no meros cajones de descarga de documentos, con información sobre sueldos públicos y poco más".

Tras resaltar que los portales de transparencia se podrán usar como elementos comparativos entre instituciones semejantes -"estimulará tanto a políticos como a funcionarios"-, también alertó de que la ley estatal y canaria sobre este asunto son un punto más en todo un marco legislativo que, por sí solas, "no van a producir grandes cambios".

"Más que un antídoto, la Ley es una vitamina que tendrá sus efectos con el tiempo, pero sin una mayor involucración pública los efectos serán pocos", afirmó.