El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la matanza de cabras ordenada por el Cabildo de Gran Canaria al considerar que el consejero Juan Manuel Brito y otros responsables de la corporación han incurrido en una presunta prevaricación administrativa y en un delito medioambiental.
La denuncia se presentó el pasado martes, 19 de abril, ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y va dirigida contra quienes resultasen penalmente responsables de "la matanza indiscriminada de ganado guanil" y, en concreto, "contra Juan Manuel Brito en su calidad de consejero insular de Medio Ambiente". El escrito ante la Fiscalía se acompaña de fotografías y grabaciones de cabras muertas o malheridas, tomadas por los colectivos animalistas que se movilizaron durante las batidas con armas de fuego.
José Antonio Rodrigo Brieva, en representación del Partido Animalista, expone en la denuncia que la eliminación de las cabras asilvestradas en los espacios naturales de Güigüi, Inagua y Tamadaba se realizaron "sin contar con las habilitaciones legales oportunas" y sin la aprobación del Pleno del Cabildo, desconociéndose "el número exacto de animales abatidos, pero con plena acreditación de que han existido numerosos animales muertos y otros muchos dejados a su suerte, agonizando, en los montes de Gran Canaria".
La muerte de las cabras mediante disparos de rifles de largo alcance, según el Pacma, supone "una expresa contravención de las normas de Caza y Pesca existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, sin la habilitación extraordinaria del Gobierno de Canarias que la sustente y con una muestra de crueldad pocas veces imaginables de una autoridad pública". También alega que los hechos se produjeron "por una orden o decreto interno del consejero denunciado, sin que en ningún momento exista aprobación, aunque sí justificación y conocimiento, por parte del Pleno del Cabildo".
Prevaricación
El partido denunciante entiende que en la matanza de las cabras se ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa, prevista y penada en el Artículo 404 del Código Penal. Tras enumerar varios artículos de la Ley de Caza de Canarias, relativos a las fechas, condiciones, prohibiciones y habilitaciones necesarias para cazar en espacios protegidos, el Pacma sostiene que se ha producido "un acto claro" de prevaricación administrativa por parte de Brito al ordenar "la matanza" de animales asilvestrados "sin que siquiera haya sido solicitada por el mismo la habilitación legal al Gobierno de Canarias para realizarla".
El consejero de Medio Ambiente, según el denunciante, olvida que "no tiene poderes omnímodos y que sus decisiones deben ajustarse a la legislación vigente antes de ser ejecutadas, no con posterioridad, mediante la justificación mediática, que no jurídica, de una decisión arbitraria desde todo punto de vista".
El Pacma también detecta "posibles ilegalidades" en la contratación de la empresa externa que prestó el "servicio" de eliminación del ganado guanil. Ante la carencia de datos sobre ese contrato con una empresa especializada de Andalucía, deja interesada la ampliación de la denuncia si durante las actuaciones de la Fiscalía "pudiesen surgir indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".
Respecto al presunto delito contra el Medio Ambiente, el denunciante señala los artículos 335 y 337 del Código Penal, relativos al maltrato y la violencia física contra los animales. "Muestra del 'trabajo excepcional' realizado por 'los expertos tiradores' contratados por el Cabildo son las imágenes de animales moribundos, sufriendo y agonizando", resalta el Pacma en el texto de la denuncia.
"No podemos olvidar -añade- que se trata de animales que, en condiciones generales, podrían ser objeto de amansamiento". En referencia a las imágenes que se incluyen en la denuncia, sostiene que "se aprecia evidentemente la existencia de un animal muerto y otro moribundo, dejado a su suerte en lugares que son de fácil acceso al humano (si no fuese así no podría haberse hecho la fotografía)".
Por tanto, el denunciante considera que con esta actuación, "aparte de matar sin justificación real alguna (no se justifica por qué es necesario matar y no aplicar otros métodos no cruentos de control de especies), se produce al animal un sufrimiento y una agonía innecesariamente larga, rayando en el sadismo, absolutamente injustificable y considerada por esta parte un acto claro de maltrato hacia ese ser vivo que, como decimos, puede ser perfectamente domesticable o hacerse a la mano del hombre".
A juicio del Partido Animalista, que con esta denuncia se suma a las protestas de numerosos colectivos contra la eliminación del ganado guanil, en la actuación del Cabildo hubo "ánimo" de dañar a ese animal, pues no se entiende que los expertos tiradores no fueran capaces de abatir a un animal de esas características. "No hablamos de un hipopótamo ni de un elefante; se trata de una cabrita y si se ha dejado moribunda en medio de la nada es porque se ha querido dejar moribunda, con el sufrimiento y el dolor que ello conlleva ya que, repetimos, se trata, en teoría, de expertos y no de aficionados, o al menos eso han querido hacernos creer", concluye.
