Fernando Bañolas, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, presentó ayer una denuncia ante el presidente de la corporación, Antonio Morales, en la que solicita una investigación sobre las presuntas irregularidades en la Residencia de Mayores de la Villa de Agüimes y le insta a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el resultado de esas indagaciones, así como a abstenerse de intervenir en cualquiera de los expedientes que se instruyan para preservar la imparcialidad del Cabildo, ya que los hechos denunciados ocurrieron cuando Morales era alcalde de Agüimes.
En un recurso administrativo ante el presidente del Cabildo, al que ha tenido acceso este periódico, Bañolas considera que existen "evidencias de un presunto delito de falsedad documental" en la actuación del Ayuntamiento de Agüimes. Al respecto, el portavoz de CC declara que su grupo político "ha tenido conocimiento de que al menos uno de los usuarios de la residencia de mayores de Agüimes, titular del derecho de servicio de atención residencial y que ocupa una de las catorce plazas con convenio de colaboración, se le ha seguido cobrando directamente (o a través de sus familiares constituidos en fiadores solidarios) los servicios de estancia, alimentación y cuidados, y, asimismo, el Ayuntamiento de Agüimes ha recibido por la misma plaza la subvención para sufragar los costes del mismo servicio".
Enriquecimiento
"Es claro", según Bañolas, "que el Ayuntamiento de Agüimes se ha enriquecido injustamente a costa de los usuarios de la residencia de mayores", por lo que es su obligación "devolver las cantidades cobradas indebidamente a las personas que ocupan las catorce plazas con convenio de colaboración".
"Pero si lo anterior ya es de por sí muy irregular -continúa el recurso de Bañolas- y por lo cual habrán de ventilarse las responsabilidades personales que en Derecho correspondan, peor es haber apreciado en un escrito remitido por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad que el Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de Agüimes han podido haber cometido una presunta falsedad documental con el objeto de ocultar a la Administración pública del Gobierno de Canarias que se ha estado cobrando el 100% del coste real de los servicios a uno de los titulares del derecho al servicio de atención en la Residencia de Mayores".
