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Del BIC del Oasis a los líos de Infecar

Carlos Trujillo Morales trabaja en los Servicios Jurídicos del Cabildo desde hace 23 años, primero como letrado asesor y desde 2001 como jefe, y sus informes han sido determinantes en muchas de las actuaciones de los sucesivos gobiernos insulares, algunas de ellas tan polémicas como la declaración del Oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural (BIC) o la exculpación del exvicepresidente Juan Domínguez en la sospechosa compra de los equipos informáticos de Infecar, donde llegó a argumentar que el político del CCN, ahora en el PP, desconocía que no se puede adjudicar un contrato a un familiar directo sin un concurso público.

Trujillo recordó ayer que ha trabajado en el Cabildo bajo gobiernos de todos los colores políticos y con los presidentes Pedro Lezcano, José Macías, María Eugenia Márquez, José Manuel Soria, José Miguel Pérez, José Miguel Bravo de Laguna y ahora Antonio Morales, sin que ninguno de ellos le haya recriminado nunca la vulneración de la ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos. Una simple búsqueda en internet deja al descubierto todas sus actividades paralelas.

En los tribunales y en el mundo del Derecho se conoce perfectamente la situación de Trujillo porque era imposible pasar desapercibido en los casi 40 procedimientos judiciales en los que ha intervenido en la última década. Por ejemplo, en el año 2015 actuó como abogado en al menos cinco casos ajenos al Cabildo, lo que implica asistir a declaraciones, diligencias y vistas orales, que habitualmente se celebran por la mañana y coinciden con su horario de trabajo.

Aunque no se conocen quejas formales por esas actividades, en los últimos años han sido habituales las críticas de los grupos políticos por los retrasos en la tramitación de algunos asuntos, lo que siempre se achaca a "la carga de trabajo" de los Servicios Jurídicos.

La anulación del nombramiento del secretario del Cabildo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), lo que ha supuesto tres varapalos seguidos a las tesis de los gobiernos insulares de Bravo de Laguna y Morales, y su negativa a presentar la declaración de bienes, para cumplir con la Ley de Transparencia, le han dejado al descubierto.

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