Cuatro detenidos es el balance de momento de la operación que lleva a cabo la Guardia Civil para desmantelar una trama de apropiación de fincas desarrollada en Gran Canaria y que afectaría, entre otros municipios, al de Telde.
Las actividades de esta red son investigadas desde hace semanas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que este miércoles ha registrado desde primera hora de la mañana, las 8.00 horas, hasta las 19.00 horas las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias y la sede de una gestoría, situadas ambas en la calle Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria.
Los registros de este miércoles se han saldado con la detención de una persona, que se suma a las otras tres que ya fueron detenidas la semana pasada. Se sospecha que se trata de un trabajador de la gestoría Carbonell Fernández Gestión Catastral.
Además, los agentes de la Guardia Civil se han incautado de numeroso material documental, tanto impreso como digital, en las oficinas del Catastro, así como dos ordenadores. El registro en el Catastro se concentró durante la mañana y hasta las 14.00 horas. Por la tarde, al reanudar la actividad después de las 15.00 horas, los funcionarios policiales trasladaron sus pesquisas a la mencionada gestoría. De allí se llevaron también numerosa documentación, un ordenador y un maletín.
Sobre hechos muy similares existe un precedente, en una operación iniciada en noviembre de 2015 y en la que
A los arrestados entonces se les imputaron delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y pertenencia a una organización criminal. La trama presuntamente sustraía de diversas maneras solares urbanos y rústicos para ponerlas a la venta sin el consentimiento de sus verdaderos propietarios.
En relación a los cuatro detenidos ahora pesarían las mismas acusaciones, dado que se sospecha que entre ellos también hay un funcionario. Esta sería la persona que facilitaría la información privilegiada a la gestoría para poder apropiarse ilegalmente de las fincas rústicas.
La actuación policial se encuentra bajo secreto de diligencias para evitar perjudicar la investigación con filtraciones, dado que la op
