El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Felipe Roque Villarreal, advierte de la posible pérdida de fondos millonarios de la Unión Europea por no cumplir con Bruselas en la redacción de los Planes Hidrológicos que exige la normativa comunitaria, además de predecir un potencial colapso del servicio de abastecimiento de aguas de Gran Canaria por la obsolescencia de los sistemas de desalación de la Isla.
Estas conclusiones las presentaba el que también es consejero del Gobierno en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y director gerente de Elmasa, dentro de la serie de conferencias que bajo el epígrafe Las aguas olvidadas de Gran Canaria ofreció ayer la Real Sociedad Económicas de Amigos del País, junto a otras dos disertaciones con títulos tan elocuentes como El agua en Las Palmas de Gran Canaria, al límite de lo predecible, a cargo del ingeniero José Jiménez Suárez; y Gran Canaria, al límite de su depuración, del también ingeniero Francisco Rodríguez-Batllori de la Nuez.
Según Roque Villarreal existe un gran contraste de una sociedad como la canaria que durante siglos fue pionera en la extracción de los recursos hidrológicos, con la actual etapa de "inmovilismo", ello en un momento en el que "el mayor problema radica en la necesidad de introducir cambios notables en muchas de las facetas del agua".
El ponente, entre otros conceptos, fija la atención en el marco legal en el que se mueve el mecanismo hidrológico de Gran Canaria y por extensión en todo el archipiélago canario.
Según explica en el año 2000 el Parlamento Europeo establece un nuevo marco comunitario para la política del agua. Para ello marca la obligatoriedad de elaborar cada seis años una serie de planes hidrológicos en los distintos ámbitos territoriales para, entre otros, economizar el empleo del agua, racionalizar sus usos "en armonía con el medio ambiente", y promover su sostenibilidad.
Pues bien. El primero de esos planes tenía que haber sido aprobado antes del 22 de diciembre de 2009, cosa que en Canarias se incumplió a pesar del plazo de nueve años que ofrecía la UE. Siguió pasando el tiempo y en 2011 la Comisión Europea denuncia a España por incumplir la directiva, que remata el Tribunal de Luxemburgo en 2012 por el retraso en las redacción de los planes hidrológicos de todo el país, Canarias incluida.
Pero ya es 2017, y según el ingeniero, "aún no se ha concluido ese primer ciclo de planificación con la aprobación definitiva del Gobierno de Canarias", con lo cual se ha solapado el primero sin terminar -periodo que concluía en 2015, con el segundo, de 2014 a 2020-, sin comenzar, "incumpliendo de forma estrepitosa Canarias con la Directiva Marco". Continúa relatando que, por tanto, "la Comisión Europa, que debe estar bastante cansada con el incumplimiento continuo de Canarias, ha decidido actuar". Y por ello convocó una sesión informativa en La Gomera el pasado 24 de enero de 2017 con representantes europeos, nacionales, autonómicos y locales en los que advirtió que si no confirman un "significativo cambio en la situación de retraso" se adoptará "una posible suspensión de pagos" provenientes de los Fondos de los Programas Operativos que corren "alto riesgo" de suspenderse, lo que dejaría a Canarias sin más de 121 millones de euros, "sin contar con el posible efecto sobre los fondos de otros programas".
Ante esto, el Gobierno de España resolvió priorizar el destino de esos fondos a las demarcaciones que primero cumplan con ese cronograma, y resulta que Gran Canaria, según el ingeniero y con respecto a la marcha del proceso en otras islas, "no está situada en posición ventajosa y por tanto puede encontrarse con que ya se hayan reasignado los fondos disponibles en el momento de la aprobación de su plan", concluye.
