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Entrevista a Carmelo León González

"Los residentes en zonas turísticas deberían pagar más impuestos"

"Desde 2009 se han perdido en Canarias 27.900 plazas de apartamentos que se han residencializado", apunta el director del Instituto Universitario de Turismo de la ULPGC

Carmelo León. TONY HERNÁNDEZ

Usted dio un dato en la asamblea de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos muy revelador: por cada apartamento que se hace residencial se pierden 100.000 euros. ¿Cree que el Gobierno canario mira para otro lado?

No sé si mira para otro lado. Creo que el Gobierno es consciente de la pérdida económica que supone el fenómeno de la residencialización y de hecho, en la regulación de las zonas turísticas siempre se ha buscado imponer lo turístico frente a lo residencial.

¿Y qué es lo que falla para que este fenómeno siga creciendo?

Para detener este fenómeno se necesita una voluntad legisladora muy fuerte que vaya en contra de las fuerzas que impulsan la residencialización, y eso no es fácil porque el propio devenir del mercado ofrece la puerta de convertirlo en residencial ante lo cual el Gobierno no quiere ejercer su capacidad coercitiva para impedirlo. ¿Cómo parar este proceso? Se está intentando con la Ley del Suelo, y hay muchas presiones para que se ponga freno a este proceso.

¿No cree que ya existe la norma turística y el problema surge cuando el negocio no va bien?

Efectivamente. Una vez que se da de baja como turístico ese el paso para hacerlo residencial. Ha habido una fallo regulatorio por parte de los políticos. Los gobernantes no han ejercido su papel en la ejecución de las normas para impedir el cambio de uso. Claro que el suelo se planificó como uso turístico, y cuando se deja como residencial se incumple la norma. El problema es que ante los hechos consumados cuesta dar para atrás y lo que queda es compatibilizar esos usos.

¿Quiere decir que las mejores zonas del Sur se están perdiendo para el turismo?

Exactamente. Las zonas de mejor potencial turístico son las que se están perdiendo. El uso residencial genera menos valor añadido, menos consumo, porque no se paga ni renta de alojamiento, y no tiene efectos complementarios como gastos en restaurantes o en compras. Un turista gasta dos veces más que un residente. Lo que está ocurriendo es el fenómeno de tierra quemada, que significa que zonas que fueron exitosas pasan a estar obsoletas y esa circunstancia ha hecho que se hagan residenciales.

¿Cree que se corre el peligro que en lugares como Playa del Inglés cada vez haya menos plazas para ofrecer al turista?

Claro. Si el proceso continúa al final no habrá esas plazas de apartamentos para los turistas. Hay lugares donde tiene mucho peso el turismo residencial, como en Valencia o por ejemplo en Florida, pero, en este caso, conviven los dos modelos, y todo depende de lo que queremos hacer con el modelo turístico en Canarias, que siempre ha sido vacacional.

¿Y cómo ve la pretensión del Gobierno canario de dar vía libre a la residencialización hasta 2017 y comenzar a regularla desde esa fecha?

Es una solución parcial. Es muy difícil quitar los derechos adquiridos los residentes. Se pueden buscar medidas para incentivar a los residentes a desplazarse a otras zonas a residir y dejar las plazas para el uso turístico, sobre todo en los complejos donde conviven los dos usos. Desde 2009 en Canarias se han perdido, según un informe del Gobierno, 27.900 plazas de apartamentos y se han convertido en residenciales. Son casi 5.000 plazas al año, con un impacto considerable en la renta de la economía canaria, pues son 1.100 empleos que se pierden cada año, unos 6.600 en este tiempo.

¿Puede el Ayuntamiento empadronar a los vecinos que viven en las zonas turísticas?

Supongo que si la Ley Turística prohíbe el uso residencial el punto y seguido es que no se puede empadronar en las zonas turísticas. Lo he dicho desde el principio, si hubiera habido voluntad política se podría haber impedido esto. Hay dos cosas distintas: el uso residencial y otra el alquiler vacacional. El impacto y los efectos nocivos son menores en el alquiler vacacional que en el residencial en el que desaparece la plaza.

¿Pero las personas que compran un apartamento no piensan en que su decisión perjudica a la economía?

De entrada habría que pedir que se adecuen al entorno en el que viven, es decir, que renueven los complejos, que los doten de servicios, y que contribuyan a los servicios colectivos como los alojamientos turísticos. Las contribuciones territoriales no tienen que ser iguales para todo el mundo. El que vive en una zona turística, por el hecho de estar disfrutando de un entorno privilegiado, debe pagar unos impuestos mayores y a través de esos incentivos económicos se puede seleccionar a los que residen en ese lugar.

¿Incentivos o presiones?

No, es para que las personas que viven en esos complejos perciban el coste social que están ocasionado y se adecuen al mismo. Hay que cambiar los módulos de la contribución urbana de acuerdo a las necesidades de cada entorno, y en la zona turística hay unos costes que deben ser pagados por todos los que viven en ese lugar.

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