Han pasado cuatro años y medio desde que una protectora de animales denunciase la situación de maltrato animal de 90 podencos en Mogán. Desde entonces, los perros han sufrido una auténtica odisea que aún no ha tenido un final feliz, ya que siguen hacinados en una finca en Vargas, Agüimes, sin que ninguna institución ni autoridad haya tomado medidas.
El caso se remonta al 21 de febrero de 2013, cuando la Protectora Gran Canaria Pets presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Mogán y el Seprona contra una persona que poseía decenas de perros hacinados en condiciones insalubres en unas instalaciones precarias en el municipio sureño. Se iniciaron dos expedientes administrativos que finalizaron con dos acuerdos plenarios municipales. En ellos se concluyó que por cada uno de los hechos habría una sanción de 826 euros, además de una inhabilitación de cinco años y el decomiso de todos los perros.
En septiembre de 2014, se notificó al denunciado la fecha del decomiso de sus animales en Los Llanos, donde tenía hacinados medio centenar de ellos. Solo pudieron decomisar dos de los 45 perros que allí se encontraban porque en los días previos el mismo dueño había trasladado al resto de los perros a Los Albarianes, situada a escasos kilómetros del lugar.
Fue entonces cuando comenzó el movimiento animalista conocido como los 90 podencos de Mogán. El 17 de diciembre de 2015, dos años y diez meses después de la primera denuncia, los voluntarios pensaron que la historia llegaba a su conclusión. Era el día que se pondría fin a esta pesadilla que sufren estos inocentes animales. Todo estaba preparado por parte de las protectoras, voluntarios y medios municipales de Mogán para decomisar a los podencos en Los Albarianes. La sorpresa fue mayúscula cuando al acudir al lugar no encontraron ni rastro de los perros.
El hombre volvió a huir con los animales a una finca privada situada en Playa de Vargas, Agüimes, donde hasta día de hoy siguen hacinados los 90 podencos. Pacma, junto a otras protectoras, presentaron una denuncia en el juzgado de guardia de Telde por todo lo sucedido y desvelando la nueva ubicación de los canes.
Ese mismo año, el Ayuntamiento de Mogán trasladó el expediente administrativo al municipio de Agüimes, y éste, tras sus propios informes municipales (policial y veterinario), lo puso en conocimiento de la autoridad judicial.
El pasado agosto de 2016, Oliver Perdomo entregó 75.000 firmas recogidas a través de Change.org al Ayuntamiento de Agüimes para que tomase medidas en el asunto. Perdomo declaró que hace un año que entregó las fimras y no ha tenido respuesta del Consistorio. "Ni una llamada", aseguró.
Beatriz Mejías, concejal de Coalición Canarias Decide en Agüimes, inste a la corporación municipal ha actuar en el caso. Las protectoras se preguntan porqué Mogán sí actuó en el caso y Agüimes no lo hace. "En este municipio la normativa no habla de sanciones, pero sí de protección animal", detalla Mejías. La concejala explica que el Ayuntamiento no tomará medidas. "Al ser podencos, perros de caza, no los ampara la ley de protección animal que se está elaborando en la actualidad en el Parlamento de Canarias", manifestó. "Lo hacen por no perder el voto de los cazadores, y me parece increible que no se proteja a cierta raza de perros", sentenció Mejías. Los días siguen, y 110.000 firmas después, los 90 podencos siguen hacinados bajo el calor de Agüimes.
