El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha retrasado durante más de tres años el cumplimiento de una sentencia que le condena a pagar un indemnización a Asunción Ramírez Viera, una de las herederas de la familia Pestana, por la ocupación de una parte de los terrenos utilizados para construir viviendas sociales y los enlaces entre la autopista del Sur y la urbanización Sonneland.
Ante las demoras del ayuntamiento en ejecutar las resoluciones judiciales, Asunción Ramírez denunció ayer que el gobierno municipal de Marco Aurelio Pérez está llevando a cabo "una venganza personal" contra ella por haber acudido a los tribunales a defender sus derechos y por criticar otras presuntas irregularidades urbanísticas en el Tablero de Maspalomas.
Una sentencia del 23 de mayo de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), obligó al Ayuntamiento a reconocer el derecho de Asunción Ramírez a ser expropiada por unos terrenos que recibió en herencia y que habían sido objeto de un convenio urbanístico del año 1995 entre el Ayuntamiento y otra parte de la familia Pestana.
El TSJC también ordenó al gobierno municipal a iniciar el correspondiente expediente de expropiación y a abonar la indemnización por la ocupación temporal de los terrenos en un a cantidad equivalente al 6% del valor del suelo que se fije como justiprecio.
Según Asunción Ramírez, el Ayuntamiento no le ha pagado "ni un céntimo" de ese dinero en estos tres años y, por contra, encargó un informe jurídico sobre la ejecución de la sentencia a la abogada Carmen Bringas, ajena a administración municipal, porque "el funcionario encargado de esa tarea se negó a realizarlo".
Ese informe jurídico, al que se ha opuesto la afectada en sendos escritos registrados el 19 de mayo y el 14 de agosto de este año, señala entre sus conclusiones que Asunción Ramírez tiene derecho a ser indemnizada en tres de las siete fincas registrales a las que hace referencia la sentencia del TSJC.
En ninguno de esos documentos se establecen las cuantías de la indemnización, pero las diferencias entre lo que propone pagar el Ayuntamiento y lo que pretende recibir la afectada son abismales, con cantidades que oscilan entre los 15.000 y los 300.000 euros. El informe jurídico privado, según Asunción Ramírez, "es un disparate porque no tiene en cuenta lo que dice la sentencia y ahora ningún funcionario del Ayuntamiento quiere asumir sus conclusiones y siguen dando largas".
Ante esa situación, la denunciante advirtió con pedir responsabilidades patrimoniales al funcionario que lleva el expediente y al concejal de Patrimonio, Airam Guedes. "Si los técnicos municipales no hacen caso, deben ser los concejales los que tomen medidas", apuntó. El Ayuntamiento eludió ayer hacer declaraciones sobre este asunto.
