El Cabildo de Gran Canaria se vio obligado a requerir a la asociación Acción en Red Canarias la devolución de 6.796 euros por cobros indebidos de una subvención pública de 29.954,84 euros otorgada en agosto de 2014 a un proyecto denominado Asesoramiento, orientación, información y mediación social intercultural para personas inmigrantes excluidas del acceso a la atención sanitaria 2014, cuyo técnico responsable era Juan Manuel Brito, que luego fue exvicepresidente y exconsejero de Medio Ambiente de la propia corporación.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso el PP del Cabildo grancanario, la causa del expediente de reintegro de ese dinero es la "justificación insuficiente de los salarios imputados a la subvención pública". Entre las irregularidades detectadas se alude, por ejemplo, a "que la categoría del trabajador Juan Manuel Brito, entre los meses de enero a julio, no corresponde con la concesión de la subvención"; o que "los salarios de agosto a diciembre son superiores a los recogidos en la misma", según la oposición.

En concreto, en la valoración de la memoria técnica emitida por el Cabildo se da por probado que Juan Manuel Brito se subió el sueldo a sí mismo de forma injustificada durante los últimos cinco meses del proyecto, pasando de 1.358,77 euros a 2.089,13 euros, es decir, 730,36 euros más.

Además, el expediente elaborado por los técnicos del Cabildo señala otros graves incumplimientos de Brito como técnico responsable del proyecto, entre ellos, que "la paga extra está prorrateada mensualmente; los salarios de las trabajadoras sociales tiene también prorrateadas las pagas extra; y que las vacaciones debieron ser disfrutadas y, en caso contrario, deberían ser a costa de la entidad solicitante", explicó la oposición en un comunicado.

Requerimiento

Una vez constatadas estas irregularidades, en febrero de 2016 el Cabildo solicitó a la entidad responsable del proyecto la devolución del dinero cobrado de forma indebida. Sin embargo, el requerimiento de la carta de pago resultó "infructuoso", a pesar de que Brito formaba parte en esa fecha del gobierno insular, ostentado los cargos de vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana.

Finalmente, en mayo de 2016, la asociación Acción en Red Canarias -cuya sede se encuentra a escasos metros de la Casa Palacio de Bravo Murillo- se dio por enterada del requerimiento y solicitó el pago fraccionado del importe a reintegrar al no poder hacer frente en su totalidad a un único pago, reconociendo de esta forma la existencia de cobros indebidos a la hora de justificar la subvención.

Brito participó en el gobierno insular de Antonio Morales hasta el pasado mes de febrero, cuando renunció al acta de consejero y a todos sus cargos tras conocerse su expulsión definitiva del partido Podemos, del que se había distanciado desde el principio del mandato por diferencias con los órganos directivos de la organización de Pablo Iglesias en las Islas.

Tras su dimisión de Brito se produjo la ruptura de pacto tripartito que mantenían Nueva Canarias, el PSOE y Podemos, quedando dos consejeros de Podemos en el grupo de gobierno, como No Adscritos y acusados de tránsfugas, y otros dos en la oposición.

Brito recurrió su expulsión en los tribunales y el pasado fin de semana se conoció la sentencia que obliga a Podemos a readmitirlo como militante. Antiguos representantes de Acción en Red también han cuestionado la actuación del exvicepresidente en esa organización no gubernamental.