La Audiencia de Las Palmas se ha visto obligada a retrasar a octubre el juicio contra el exalcalde de Nueva Canarias Silverio Matos, el exconcejal Antonio Ruiz y dos empresarios por el supuesto amaño de un concurso público relacionado con la adjudicación de parques eólicos en Santa Lucía de Tirajana.
Los cuatro acusados, que se juegan la inhabilitación y penas de cárcel, deberán esperar otros nueve meses para el comienzo de la vista oral, tras más de diez años imputados por prevaricación y otros delitos en una investigación que ha sido bautizada por la Guardia Civil como caso Palmera.
La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas tenía reservada esta semana para liquidar el juicio en cuatro sesiones, pero la enfermedad justificada de una abogada ha motivado el aplazamiento para garantizar el derecho de defensa.
Los hechos ocurrieron en 2005 y fueron denunciados dos años después por un exconcejal del PP, Rufino Pérez, en pleno estallido del caso Eólico, la trama de presunta corrupción política y empresarial que afecta a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, entonces en manos de los populares. El juicio de Eólico está señalado para mitad de año y también se celebrará en la Sección Primera, aunque mediante el sistema del jurado popular.
Tras la suspensión de la vista, la acusación popular y la defensa se cruzaron reproches a la salida de la Ciudad de la Justicia. Según el letrado Alexis Bethencourt Rosillo, que representa a Rufino Pérez, el Gobierno regional convocó el concurso con una serie de subvenciones públicas para asignar la potencia eólica, pero el Ayuntamiento de Santa Lucía decidió participar de "forma secreta" y con la "connivencia de sus amigos", asegura el abogado que ejerce la acusación.
Bethencourt considera que el alcalde y el concejal de Urbanismo se "saltaron la legalidad" e impidieron a terceros de buena fe participar en el concurso, pues optaron por firmar un convenio con "dos personas muy afines o amigas". Esos empresarios, añade el letrado, "hicieron uso de información privilegiada" porque compraron terrenos a precios "descomunales" cuando la decisión de presentarse al concurso era "secreta". En el convenio de permuta se hicieron participaciones para administrar la empresa pública que iba a gestionar el parque eólico.
Bethencourt retiró ayer la acusación de cohecho y la cambió por la de abuso de poder con uso de información privilegiada, delito por el que solicita seis años de cárcel para Matos y para Ruiz, así como un año de prisión para José Luis Alemán Suárez y para Antonio Marcial Sánchez Franco, los dos empresarios.
El "héroe" de Rufino
El abogado calificó de "héroe" a Rufino Pérez por mantener "contra viento y marea la acusación estos 13 años". El fiscal, en cambio, sólo reclama ocho años de inhabilitación tanto para el exalcalde como el exconcejal por prevaricación administrativa.
La defensa de ambos cargos públicos, José María Guerra, recordó que el denunciante procede del PP y que la Guardia Civil , tras analizar el patrimonio y las cuentas del exalcalde en más de 10.000 folios de instrucción, con pinchazos telefónicos incluidos, no ha encontrado indicios de amaño de ningún concurso. A la sumo, según la tesis de la Fiscalía, hay "errores administrativos" que el letrado tratará de desmontar en el juicio. Guerra sostiene que la acusación popular ha cambiado la calificación jurídica de los hechos porque el "caso se ha desinflado"
"Silverio es uno de los alcaldes más ejemplares que ha tenido esta Isla. Hay que ver lo que era Vecindario antes de la llegada de Silverio Matos", agrega el letrado en alusión a los servicios sociales y la integración de los inmigrantes.
