El Cabildo de Gran Canaria ha suspendido la licitación de otro contrato de carreteras, el de la conservación de las vías del Área Metropolitana, tras una queja de la patronal de la construcción y la constatación de "errores" y "deficiencias" en los pliegos de condiciones, lo que, a juicio de algunas empresas concursantes, vuelve a poner "bajo sospecha" la actuación de Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras de la corporación insular.

En una decisión que ha sorprendido a los propios concursantes, pues en ningún momento se había solicitado la anulación del procedimiento, el Tribunal Administrativo del Cabildo sobre Contratos Públicos acordó "de oficio", el pasado 12 de abril, suspender la licitación del concurso público para el mantenimiento de la red de carreteras del Área Metropolitana, valorado en 33,5 millones de euros y por un periodo de cuatro años.

La medida cautelar, según se establece en la resolución de ese órgano del Cabildo, suspende la tramitación del expediente "a partir del momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas", otro hecho que levanta suspicacias entre las empresas que han concurrido a ese concurso.

Si en 2014 se anularon todas las adjudicaciones de carreteras tras recibirse en el Cabildo un escrito anónimo que denunciaba una trama de corrupción en el departamento de Obras Públicas, ahora se ha suspendido la licitación por dos escritos de María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia en Las Palmas, en los que expresaba las "dudas" de la organización sobre la legalidad de algunos puntos del pliego de condiciones, entre ellos que los criterios objetivos y los subjetivos tengan la misma valoración, 50 puntos cada uno.

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Sin embargo, la patronal no consideraba esos escritos como un recurso especial en materia de contratación ni pedía la suspensión del procedimiento, sino que solicitaba que se corrigieran esas deficiencias, que se ofreciera más información a las empresas interesadas y que se ampliara el plazo para la presentación de ofertas. Además, esas cartas de la presidenta de la AECP se presentaron fuera del plazo establecido para interponer los recursos.

Es paradógico, a juicio de los empresarios, que el Tribunal Administrativo del Cabildo equipare los escritos de la AECP con recursos especiales en materia de contratación, que están reglados y tienen sus plazos estipulados en la propia convocatoria del concurso. Y más sorprendente aún es que, una vez atribuida a María Salud Gil la condición de "recurrente", se desestime su solicitud de ampliar el plazo de presentación de ofertas y se adopte, de oficio, una medida tan drástica como la suspensión de todo el procedimiento.

Ángel Víctor Torres, consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, atribuyó esa decisión a los Servicios Jurídicos de la corporación y adelantó que la fórmula elegida para evitar la anulación total del concurso es subsanar los errores, devolver las ofertas a las empresas y abrir un nuevo plazo de presentación de propuestas.

Los juristas del Cabildo, según el consejero, consideran que los escritos de María Salud Gil, y otro de la empresa Lem solicitando una visita al centro de control de túneles, "tienen valor de recursos aunque no se hayan presentado como tal".

"El Servicio Técnico de Obras Públicas, y también la Intervención del Cabildo y los Servicios Jurídicos, entendieron que no podíamos caminar sin buscar una subsanación que no fuera ampliar el plazo, pero se ha encontrado una fórmula jurídica que permite que no tengamos que iniciar el procedimiento desde el principio, sino subsanar, devolver las propuestas y abre un nuevo plazo", explicó Torres, quien puntualizó que "eso permitirá seguir con el proceso abierto desde su origen y con la ley anterior".

En caso contrario, habría que convocar otro concurso de acuerdo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que retrasaría la adjudicación durante varios meses. El actual contrato del Área Metropolitana -en manos de una UTE formada por las empresas Api, Satocan y Hermanos Tito- ya está prorrogado y vence en el mes de junio.

Las dudas de las empresas sobre la legalidad y la limpieza del procedimiento están centradas en dos puntos del pliego de condiciones. El primero se refiere a los criterios de adjudicación, pues en este concurso se valoran con la misma puntuación los criterios objetivos y los subjetivos, ambos con 50 puntos. Según a AECP, la normativa de contratos públicos, tanto la antigua como la nueva, obliga a que los criterios objetivos tengan preponderancia.

Además, de los 50 puntos otorgados a los criterios subjetivos, 35 corresponden a la propuesta técnica del servicio, que debe ser evaluada por los funcionarios del área de carreteras del Cabildo. En las valoraciones objetivas, también sorprende que la oferta económica se premie con 15 puntos y las mejoras que propongan las empresas con 35 puntos.

Las sospechas sobre esta última cuestión están relacionadas con la otra queja de las empresas, que alegan que la Consejería de Obras Públicas oculta información y no ofrece igualdad de oportunidades a todos los concursantes. Ponen como ejemplo que durante la elaboración de las ofertas se solicitó información adicional sobre el funcionamiento del centro de control de túneles de La Laja, pues la actual concesionaria es la única que dispone que todos los datos y tendría una "ventaja abismal" sobre las demás al proponer las mejoras del servicio.

El departamento de carreteras del Cabildo, según las mismas fuentes, organizó una visita guiada para todas las empresas interesadas unos pocos días antes del cierre del plazo de presentación de ofertas, solo para hacer fotos del lugar, y ante la reclamación de más información prometió colgarla en la web. Nunca lo hizo.