La Esperanza es la comunidad okupa más grande del estado español. En ella viven 202 personas, que conforman 74 familias, en las que hay 97 menores. Tayri Santana, de apenas 20 años, gestiona y lleva la voz cantante. "Fui la primera en llegar", revela Tay, como la conocen en los bloques de edificios. Llegó en 2013 desde Jinámar, cuando iniciaron la ocupación de las viviendas lo hizo "en unos inmuebles vacíos, con años de abandono" y "con consentimiento por escrito" de la promotora. "No vinimos echando la puerta abajo a patadas", asegura Tay.
De hecho, como ella, muchos de los habitantes de estos bloques están empadronados en Guía. Durante cinco años, con sus vaivenes, la convivencia en la comuna ha sido pacífica, pese a los avisos de desahucio que no se han materializado en este tiempo. Durante el último mes las cosas se han puesto cuesta arriba para los residentes de La Esperanza. "El pasado 22 de marzo Unelco-Endesa cortó, sin previo aviso, el suministro eléctrico", señaló Tay. Desde entonces, la vida de estas 74 familias se ha vuelto más difícil.
Afortunadamente, han recibido ayudas de hasta 80 países para poder comprar un motor de gasolina que distribuye el agua que almacenan en cubas y que adquieren a través de una empresa. "Después, cada familia se ha tenido que buscar la vida para comprarse un motor para dar luz a su casa", revela Tay. El agua circula por el edificio de 11.00 a 13.00 horas y de las 20.00 a 23.00 h. "Queremos que nos vuelvan a dar luz, que pagaremos gustosamente, pero cómo pueden vivir familias con menores sin electricidad", denuncia. Tay relata que el corte fue un drama. "Había familias con la compra recién hecha que se les echó a perder, al igual que la comida que almacenaban en el congelador", confiesa.
Ana Guillén lleva 10 meses viviendo en un piso en La Esperanza. Llegó con dos menores y recibe una ayuda por ser víctima de violencia de género. "Los que venimos aquí no lo hacemos por gusto, sino por necesidad", manifiesta Guillén. Tay añade que muchos se marchan cuando consiguen un trabajo fijo. Otra vecina, Saray Barreto, tiene un hijo de cinco años y está a punto de dar la luz a una niña y vive en un cuarto. "Uno de los propietarios me dio la llave, y vine porque no tenía dónde ir", explica.
Como ella, muchas de las madres tienen miedo de que Servicios Sociales le quiten la custodia. "Dicen que no cumplimos con los requisitos mínimos después de cortarnos la luz, nos complicaron la vida ellos", sostiene Barreto. Tanto ella como otra vecina con siete menores aseguran que se marcharían si consiguiesen un alquiler social. "Sólo pedimos que nos dejen vivir aquí en buenas condiciones, que no nos echen a la calle con nuestros hijos", sostiene.
Tay afirma que serán desahuciados en verano. "Varias veces nos han dicho que no nos echan ahora porque estamos en época escolar y hay muchos niños, pero que para el curso que viene no estaremos aquí", declara. "Somos familias normales, no pedimos nada especial, no hay problemas de drogas ni de violencia", expresan sus vecinos.
Los residentes también denuncia la falta de solidaridad por parte de las instituciones y de la sociedad canaria. "Hemos salido adelante después del corte por la ayuda del exterior", argumenta Tay, que gestiona las cuentas de la comunidad. La Esperanza espera poder abrir una cuenta bancaria para poder recibir donaciones. "Queremos hacer un campo de fútbol para los niños, ya tenemos un huerto donde cultivamos verduras. Teníamos gallinas que nos proporcionaban huevos pero alguien nos las envenenó", relata.
Tay defiende la gestión de La Esperanza. "Se creen que por ser ocupas puede venir cualquiera, pero somos una comunidad de familias necesitadas", señala. Además aseguran que el Ayuntamiento podría llegar a un acuerdo con Sareb, el banco malo, para que sean viviendas sociales.
El Ayuntamiento de Guía ha gestionado la situación como ha podido. "No es fácil, no hay institución que se pueda hacer cargo", señala José Manuel Santana, concejal de Urbanismo. Desde el consistorio afirman que devolver la luz a los edificios es "materialmente y judicialmente imposible". Aseguran que el futuro desalojo se debe a que viven en unos bloques de viviendas sin terminar que son peligrosas. Los vecinos de La Esperanza lamentan que el alcalde, Pedro Rodríguez, no les haya garantizado el suministro de agua y luz, que la comunidad se ofreció a pagar, y que "haya cerrado unilateralmente la vía de la negociación" mientras sigan "convocando a los medios de comunicación".
