El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, formado por Nueva Canarias (NC), PSOE y Canarias Decide, admitió ayer las sentencias laborales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por los aumentos salariales irregulares de 39 trabajadores desde 2014 a noviembre de 2017, en el pleno ordinario celebrado ayer en Santa Lucía. La corporación cambió las funciones de estos empleados públicos en 2014 pero sólo salarialmente, y no con cambios regulares de sus plazas.

Como no había otra manera, los tres partidos gobernantes aceptaron estos fallos judiciales. Eso sí, no aclararon cuál es la cantidad total que suponen estos incrementos. La concejala de Recursos Humanos, Nira Alduán, reconoció que desde la alcaldía "se buscan las vías para que los trabajadores no tengan que devolver el dinero".

Sin embargo, todo quedó en una intención que está en el aire. Distintos responsables señalaron que el grupo de gobierno "dialoga" con los trabajadores. De todos modos, este punto del día provocó las repetidas y tensas intervenciones de los portavoces de la oposición, de Coalición Fortaleza Santa Lucía, Partido Popular (PP) y Plataforma por Santa Lucía.

Sobre el origen de la denuncia, Coalición Fortaleza, PP y PSOE habían puesto de manifiesto en varios plenos la posible irregularidad, siendo la Delegación del Gobierno quien llevó el caso a los juzgados.

Otro punto que llevó ayer sus respuestas y críticas durante el pleno de ayer , que duró cerca de cinco horas, fue el reconocimiento de dos créditos para el pago de 37 facturas pendientes de 2017.

Se aprobó el nombramiento de Nisamar Hernández Falcón como Juez de Paz Titular sustituta de Santa Lucía, después de la renuncia de Michele Piazza Piazza a ocupar el puesto. La abogada Raquel Temmler Fernández continúa ostentando la plaza de Juez de Paz Titular de Santa Lucía.

En el pleno también se aprobó una moción, presentada por el edil Antonio Ordóñez, de Canarias Decide, en la que se rechaza el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP) y quedó patente el apoyo a la campaña de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema de Pensiones Públicas y de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de Gran Canaria.

Finalmente, la concejala de Igualdad, la socialista Olga Cáceres presentó una moción sobre el presupuesto comprometido por el gobierno de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También presentó otra moción en relación a la conmemoración del 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. Ambas fueron aprobadas.