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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Santa Brígida Conflicto por el uso de los terrenos públicos

Denuncia en el Cabildo por fraude de ley en la cesión del campo de Bandama

Bañolas reclama al gobierno de Morales la recuperación de las propiedades públicas

Vista del campo de golf de Bandama, en el municipio de Santa Brígida. Yaiza Socorro.

El interminable conflicto en el Cabildo de Gran Canaria por la cesión del campo de Bandama al Real Club de Golf de Las Palmas, agravado en las últimas semanas por la "desaparición" de documentos de las oficinas de la corporación insular, ha desembocado en una nueva denuncia administrativa por parte de Fernando Bañolas, consejero insular de Coalición Canaria, quien considera que se está cometiendo "un fraude de ley" que cuesta más de 2,3 millones de euros a las arcas públicas.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se reclama al presidente del Cabildo, Antonio Morales, que incoe, instruya y resuelva el preceptivo expediente administrativo para recuperar los terrenos de titularidad pública de Bandama, incluida la Casa Club, con la advertencia de que el gobierno insular puede incurrir en un delito si desatiende esta demanda sin una causa justificada.

Bañolas recuerda que ya han pasado tres años de mandato sin que el actual grupo de gobierno de Morales resuelva la situación generada por el Real Club de Golf, un tiempo en el que esa entidad ha seguido utilizando esos terrenos públicos sin pagar el canon correspondiente y sin cumplir los compromisos adquiridos, como la realización de cursos de golf para escolares de los municipios de toda la isla.

Bañolas expone en su denuncia que el 21 de julio de 2010, durante el mandato del socialista José MEl coiguel Pérez, el Real Club de Golf presentó un escrito ante el Servicio de Patrimonio del Cabildo para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico financiero y la modificación del contrato de concesión de servicio público del Campo de Golf de Bandama.

Dicha solicitud fue desestimada el 6 de mayo de 2011, puesto que el entonces consejero de Patrimonio, Julián Navarro, entendió que no era conforme a Derecho reequilibrar el contrato de la concesión administrativa si traía consigo una modificación sustancial. Posteriormente, el 3 de junio de 2013, ya bajo el mandato de José Miguel Bravo de Laguna y con Lucas Bravo de Laguna en el área de Deportes, "el Real Club de Golf presentó un escrito en el Cabildo solicitando la resolución de mutuo del contrato de concesión suscrito el 11 de octubre de 2006 entre dicha entidad deportiva y esta Administración Insular, fundamentado o motivado en la deteriorada situación económica actual y en especial del Club", precisa la denuncia.

Como consecuencia de esa petición, el Cabildo concedió un trámite de audiencia al Real Club de Golf , el cual, el 20 de mayo de 2015, "prestó su conformidad en resolver el contrato de mutuo acuerdo con base en la crisis económica sobrevenida".

"Pues bien", sostiene Bañolas, "desde el 20 de mayo de 2015 han pasado prácticamente tres años y la Corporación Insular aún no ha culminado los trámites administrativos necesarios para llevar a efecto lo instado por el Real Club de Golf de Las Palmas, esto es, resolver el contrato de concesión administrativa suscrito el 11 de octubre de 2006".

Respecto a la decisión de resolver el contrato de mutuo acuerdo en base a la crisis económica sobrevenida, adoptada por el gobierno de Bravo de Laguna seis días antes de las elecciones autonómicas y locales, el consejero nacionalista señala que "el desequilibrio económico del club no es consecuencia del establecimiento del canon, sino que este viene de tiempo atrás, basta con atender sus cuentas anuales donde queda de manifiesto un déficit en la explotación de este servicio previos a la solicitud del club.

Así, en los años 2005, 2006, 2007 y 2009, ya presentaban unos resultados negativos de 892.788, 474.585, 558.699, 367.504 y 490.043 euros, respectivamente. "No procede considerar que el desequilibrio fue consecuencia sobrevenida e imprevisible de la crisis económica, entre los años 2008 a 2011, como han querido justificar, ya que la entidad mostraba resultados negativos con anterioridad a la crisis económica, y por tanto, al pago del canon", explica.

"Sorpresivamente", añade el denunciante, "procede evidenciar que bajo la Presidencia de la actual corporación ha desaparecido la oferta original presentada por el Club de Golf para la adjudicación del 20 de junio de 2006 de las dependencias del Cabildo y, visto lo anterior, resulta oportuno recordar que este Grupo Político [CC] viene solicitando desde el año 2016 una copia de la oferta original presentada por el Real Club de Golf de las Palmas en relación a la adjudicación del concurso para la explotación del Campo de Golf de Bandama (...), donde se nos responde literalmente que no consta oferta original alguna presentada por el Real Club de Golf de Las Palmas".

Tras recordar que ya presentó una denuncia el 16 de mayo de 2016, Bañolas, Bañolas apunta el Cabildo no acordó incoar, instruir y resolver el preceptivo expediente administrativo, "mostrando un desinterés en ahondar en los hechos descubiertos, omisión que viene a desatender sin causa justificada la denuncia efectuada, hechos que podrían ser constitutivos de delito por parte del Sr. Presidente del Cabildo".

En todo ese tiempo transcurrido, justo tres años, el gobierno insular de Morales "viene concediendo un régimen provisional o cautelar de uso y explotación del campo de golf de Bandama hasta que la Administración Insular decida cuáles serán las actuaciones sucesivas respecto a ese bien patrimonial". Ese régimen provisional consiste en que el Real Club seguirá ostentando la posesión del campo de Bandama en precario y sin obligación de abonar el canon al que venía obligado.

"El antedicho régimen provisional de uso y explotación se viene manteniendo indefinidamente en el tiempo, y asimismo, cuando se resuelva de forma definitiva el mutuo acuerdo, al contrato de concesión administrativa se pretende, contrario a derecho, otorgar efectos retroactivos (a fecha de 3 de septiembre de 2013) al acuerdo que se adopte", critica Bañolas. Según sus cálculos, eso supondría una condonación de una deuda de 1.600.000 euros en concepto de canon, más 754.000 euros por las actividades escolares no realizadas, que suman 2.354.000 millones de euros, más los correspondientes intereses devengados.

A su juicio, "lo que se está haciendo de hecho la actual corporación insular, que no de Derecho, es novar una de las condiciones esenciales del contrato de concesión administrativa, esto es, se está actuando en fraude de ley para estimar contra legem la solicitud del Real Club de Golf de fecha 21 de julio de 2010, de restablecimiento del equilibrio económico financiero y la modificación del contrato de concesión de servicio público del Campo de Golf de Bandama".

En virtud de esos argumentos, Bañolas solicita al presidente del Cabildo que tenga por presentada la denuncia y acuerde incoar , instruir y resolver el preceptivo expediente administrativo al no concurrir los requisitos necesarios para que el acto se haya resuelto de mutuo acuerdo, y que estos puedan producir efectos retroactivos, lo que implicaría una reclamación de 2.354.000 millones de euros más los correspondientes intereses devengados.

"Y que incardinado con lo anterior se proceda a efectuar los trámites convenientes para que pase a ser propiedad del Cabildo de Gran Canaria en condiciones normales de uso, la Casa Club y demás instalaciones complementarias", añade.

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