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Bañolas advierte con llevar a Fiscalía su denuncia sobre Bandama

El consejero otorga un plazo de tres meses para incoar la recuperación de los terrenos

Bañolas advierte con llevar a Fiscalía su denuncia sobre Bandama

La denuncia administrativa ante el Cabildo de Gran Canaria por un presunto fraude de ley en la cesión del campo de Bandama al Real Club de Golf de Las Palmas se llevará a la Fiscalía si en el plazo de tres meses no se incoa un expediente para recuperar esos terrenos públicos, incluida la Casa Club y las demás instalaciones que figuran como propiedad del Cabildo.

Así lo advirtió ayer Fernando Bañolas, consejero insular de Coalición Canaria, después de remitir su denuncia inicial a otros seis órganos del Cabildo para que se pronuncien sobre ese supuesto fraude de ley, que a su juicio ya ha ocasionado un perjuicio a las arcas públicas por valor de 2,3 millones de euros.

Tras presentar una primera solicitud ante el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, el consejero nacionalista se dirige ahora a la Secretaría General del Pleno, al Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, a la Asesoría Jurídica, al Servicio de Patrimonio, a la Intervención General y al Instituto Insular de Deportes.

En su nuevo escrito, Bañolas sostiene que "los hechos objeto de la presente denuncia suponen un fraude de ley, con el correspondiente perjuicio en el patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, consistente en resolver de mutuo acuerdo el contrato de la concesión administrativa del campo de golf de Bandama, bien patrimonial propiedad de esta corporación que tiene naturaleza jurídica de bien de servicio público, sin reunir los requisitos legales".

A su juicio, la resolución de mutuo acuerdo de ese contrato, y que pueda producir efectos retroactivos, "no se ajustaría a derecho", pues supondría perdonar el pago del canon durante casi cinco años y el coste de los cursos de golf para escolares que nunca se llegaron a realizar. Según los cálculos de Bañolas, el perjuicio económico para las arcas del Cabildo se elevaría a 2.354.000 euros.

La denuncia va acompañada de siete documentos. El primero es la denuncia de los hechos presentada el pasado miércoles, 16 de mayo, ante la Secretaría General del Cabildo. La siguiente prueba documental es el acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de mayo de 2015, en el que se decidió resolver el contrato de mutuo después de que el Real Club de Golf de Las Palmas prestara su conformidad con el argumento de la "crisis económica sobrevenida".

El tercer documento es un informe de junio de 2016 del gerente del Instituto Insular de Deportes, Alfredo Gonzálvez, "donde viene a reconocer el incumplimiento de las cláusulas de la concesión por parte del Real Club de Golf".

Las dos siguientes pruebas son un informe jurídico y de Intervención denegando la solicitud planteada por el Club de Golf, de abril de 2015, y otro informe en relación al acuerdo del Cabildo de librar del pago de la tasa anual vinculada al canon de concesión a ese club deportivo.

El sexto documento es una copia de la solicitud de oferta presentada originalmente por el Real Club de Golf para la concesión del campo de Bandama, acordada por el gobierno insular el 20 de junio de 2006, en el mandato de José Manuel Soria. Ese es uno de los papeles que el gobierno insular ha dado por "desaparecido". Por último, Bañolas adjunta una copia del contrato original firmado el 28 de diciembre de 1955 entre el entonces presidente del Cabildo, Matías Vega Guerra, y el presidente del Club de Golf, Diego Cambreleng.

Según Bañolas, ese acuerdo expresa "con claridad" que la Casa Club estaba incluida en el contrato y pasaría automáticamente al Cabildo al expirar concesión. Hasta ahora, ese edificio y el hotel han estado ligados al club deportivo, que los gestiona como propios.

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