El Juzgado de lo Penal número 6 dejó ayer visto para sentencia un juicio por negociaciones prohibidas y prevaricación urbanística contra el arquitecto de Moya, Juan José González Rodríguez, también jefe de la oficina técnica y funcionario desde 1997. "Soy víctima de una encerrona, de una maniobra política para echarme de mi trabajo", replica Juan González en su derecho a la última palabra.
No lo ve así la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Las Palmas, que reclama multas de 7.200 por las negociaciones prohibidas y de 12.000 por la prevaricación, más una inhabilitación para ejercer empleos o cargos públicos de 13 años por los dos delitos, según las conclusiones del ministerio público.
"Los hechos son especialmente repugnantes" porque "estafó a gente sencilla que sólo quería vallar su casa o abrir una fosa séptica", sostiene el fiscal. La acusación pública considera acreditado cuatro casos en los que el arquitecto, sin tener la compatibilidad del pleno municipal, hizo caja con los vecinos al realizar los proyectos previos a la solicitud de calificación territorial que otorga el Cabildo para legalizar obras. Cobró 900, 800, 200 y 400 euros, según el fiscal, cantidades que Juan González deberá devolver a los perjudicados si finalmente resulta condenado.
Para la Fiscalía existen más casos en los que el arquitecto hizo negocio con los vecinos, pero están prescritos o se trata de actuaciones que no llegan a ser constitutivas de delito.
"Las pruebas de que ha conculcado todas sus obligaciones como servidor público" y de que ha actuado de forma "torticera" son "irrebatibles", añade el fiscal. Entre ellas destacan los testimonios de esos cuatro afectados y del alcalde, Hipólito Suárez, que se reunió con un concejal y el arquitecto para verificar si éste cobraba dinero a los residentes de manera indebida por las reformas de sus casas.
El técnico ha negado los hechos en la fase de instrucción y en el juicio, pero el secretario municipal levantó acta de la reunión con el regidor, donde deja constancia de que González reconoce haber recibido dinero por los proyectos.
Algunos vecinos, además, han testificado que el arquitecto les recibía en el Ayuntamiento y se metía los billetes en el bolsillo de la camisa. "Nos sentimos estafados, engañadas y defraudados", han llegado a decir en la vista oral.
Por eso el fiscal concluye que los testimonios acreditan el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Es más. Considera que el técnico municipal no sólo cobraba de manera "indebida" por esos trabajos, sino que luego los derivaba a dos arquitectos de su confianza para que hicieran los proyectos definitivos y solicitaran la calificación territorial en el Cabildo de Gran Canaria.
Estos arquitectos estuvieron imputados al principio de la investigación, denominada por la Guardia Civil como operación suspiros, en alusión a los conocidos bizcochos de Moya. Luego han pasado a testigos y han negado componendas con Juan González, pero el fiscal dio ayer dos datos objetivos que evidencian al menos una conexión con los hechos: uno de esos profesionales facturó, sólo en Moya, 187 proyectos entre 2008 y 2012, mientras que el otro arquitecto, recién salido de la carrera en 2007, logró 65 trabajos, 20 de ellos sólo en 2012, año en el que la Guardia Civil practicó las detenciones.
Una de las obras en las que intervino el acusado, además, estaba bajo la lupa del Seprona. Consistía en la ampliación de una casa en Fontanales sobre suelo rústico de protección paisajística. González informó a favor de conceder la licencia, con el argumento de que la nueva construcción no estaba conectada con la vivienda existente, pero la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural multó al promotor de la obra con 400.000 euros. De ahí que el fiscal le acuse de prevaricación urbanística, acción a la que también se ha sumado el Ayuntamiento con los mismos argumentos que el ministerio público.
La defensa, en cambio, reclama la absolución. "No es cierto que hiciera trabajos incompatibles. El dinero se ha confundido con las tasas municipales y los croquis facilitados son propios de su cargo", asegura el letrado.
"Aquí nadie se chupa el dedo, si pagaron dinero es porque querían un favor y, por lo tanto, deberían haber sido imputados en otro grado de participación", agrega el letrado para cuestionar las declaraciones de los afectados.
También recalca que "a todos se les negó las calificaciones territoriales" y que el acta municipal no es válida para una condena, sino "inquisitorial", sin expediente sancionador, "una caza de brujas" para "buscar pruebas" a partir de "rumores". Del informe sobre la casa de Fontanales señala que no es prevaricación, sino un "error" en la enumeración de las viviendas.
