Las obras de El Veril que investiga la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el presunto uso irregular de dinero público en el proyecto del Siam Park están sufragadas por el Cabildo de Gran Canaria a través de dos subvenciones del Patronato de Turismo y con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Ese organismo insular ya ha destinado una partida de 536.580 euros para financiar la construcción de la rotonda de acceso al futuro parque acuático de la empresa Loro Parque y se ha comprometido a pagar el resto de los trabajos, hasta un total de 3,19 millones de euros, con otra subvención pendiente de formalizar en este año 2018.

Así se especifica en la denuncia del grupo ecologista Turcón que ha dado lugar a la incoación de diligencias de investigación por parte de Carlos Fernández Seijo, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo. Las indagaciones se centran en el proyecto denominado Fdcan Rotonda de acceso a Playa del Inglés por la calle Escorial, adjudicado por el Consorcio Turístico de Maspalomas.

Este organismo público, presidido actualmente por Antonio Morales, depende del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, aunque este último ya ha dado muestras de estar en desacuerdo con la segunda parte de ese gasto público. Tanto los ecologistas como el gobierno municipal del alcalde Marco Aurelio Pérez entienden que esa obra debe ser sufragada por los promotores del Siam Park.

La denuncia de Turcón señala que en el proyecto de esa rotonda "se hace constar, en el pliego de condiciones, que el presupuesto de licitación de las obras, que deberá soportar el Consorcio de Maspalomas, asciende a la cantidad de 2.981.660 euros". El importe del IGIC, calculado al 7%, que es el tipo aplicable a esta actuación, asciende a 208.716 euros, siendo el Consorcio de Maspalomas el sujeto pasivo de este impuesto, por lo que el desembolso total se eleva a 3.190.376 euros.

Subvenciones

"El precio del contrato -añade a denuncia en referencia a ese pliego de condiciones- se financiará en la cantidad de 536.580 euros con cargo a subvención otorgada por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, en virtud del convenio de fecha 30 de agosto de 2017, financiándose el resto del precio con cargo a subvención a otorgar por el Patronato de Turismo, tal como contempla su Plan Estratégico de Subvenciones 2018, pendiente de formalizar".

"Las referidas subvenciones", puntualiza el escrito presentado a la Fiscalía Provincial, "se otorgan con cargo al Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, en el marco del Fdcan."

Aparte de la presunta utilización de fondos públicos del Cabildo para favorecer una actuación privada, en este caso la construcción de una rotonda para acceder al futuro Siam Park, los denunciantes sostienen que se infló el presupuesto, hasta diez veces más de lo previsto inicialmente, para incluir obras al margen de esa glorieta, "como 700 metros lineales de tuberías de drenaje (pluviales) de gran diámetro y más de 400 metros lineales de tubería de 800 milímetros para saneamiento, que coinciden exactamente con tuberías del interior del futuro parque acuático, que habrían que desplazar para su ejecución, pero con cargo al promotor del citado parque acuático".

"Todo el expediente de esta obra -reitera Turcón en su denuncia- viene a sufragar con dinero público una actuación, la rotonda de acceso a Playa del Inglés, que está destinada a facilitar la implantación del parque acuático, que es una intervención privada, a la que viene obligada el promotor privado por el planeamiento vigente, el Plan de Mejora y Modernización de El Veril (PMM), y debiendo ser costeada por éste".

Por tanto, los representantes de Turcón han observado hasta cuatro hipotéticos delitos en las obras que realiza el Consorcio Turístico de Maspalomas en los terrenos de El Veril, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, y delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Las indagaciones del fiscal, que se han iniciado con un requerimiento al Consorcio de Maspalomas, coinciden con una disputa pública entre el alcalde de San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez, y los directivos de la empresa Loro Parque, del grupo turístico Kiessling, respecto a quién debe pagar esa rotonda y al cumplimiento de las normas urbanísticas.