El grupo turístico Anfi ha iniciado el derribo de las viviendas situadas en sus terrenos de la costa de Tauro, donde tiene previsto instalar los servicios complementarios de una playa artificial con arena procedente del Sáhara y de un muelle deportivo. Un total de 11 casetas y chabolas cercanas a la costa han desaparecido bajo las palas de los tractores desde el jueves, según denunciaron ayer sus ocupantes, que aseguraron que algunas eran utilizadas como primera residencia.

La empresa Anfi Tauro, promotora de esa urbanización turística, confirmó la demolición de esas 13 infraviviendas y recordó que todas se encontraban dentro de su propiedad y sin ningún tipo de autorización. No obstante, eludió dar más detalles sobre sus actuaciones en esa zona del litoral de Mogán.

Onalia Bueno, alcaldesa del municipio sureño, explicó que el Ayuntamiento no ha tenido ninguna participación en ese derribo y también precisó que se trata de terrenos particulares. Esas 13 chabolas, apuntó, se habían levantado en los últimos meses, a raíz de la paralización de las obras en la playa. Por tanto, no formaban parte del antiguo poblado de Tauro, donde siguen en pie los antiguos almacenes y algunas viviendas.

Herminio Acosta, presidente de la Asociación de Vecinos de Tauro, criticó que el desalojo se realizara sin avisar previamente a los ocupantes de las casetas y "mediante la intimidación". Al respeto, comentó que los tractores llegaron acompañados por un grupo de hombres que actuaron como guardaespaldas, vestidos con una camiseta con la leyenda Desokupa.

El dirigente vecinal sostuvo que uno de los ocupantes de las casetas derribadas estaba empadronado en ella y puso en duda que esos terrenos sean privados, pues, a su juicio, están en el cauce de un barranco público. Acosta añadió que las personas que realizaron el derribo les anunciaron que la próxima semana continuarán las demoliciones en otras zonas.

La playa de Tauro permanece cerrada a los bañistas desde hace dos años. El Ministerio de Medio Ambiente paralizó en 2016 las obras de la empresa Anfi Tauro en por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, lo que provocó la destitución inmediata del entonces jefe de Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado la apertura de juicio oral contra Hernández por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa en las obras de la playa de Tauro y reclama una pena de tres años y medio de prisión y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.